Viktor Orban, el enterrador de Budapest

Published on June 5, 2015

Política

En Europa, Bielorrusia está sola. Bueno, casi...

La situación en Europa no os sorprenderá: La práctica totalidad de los países europeos han abolido la pena de muerte. Sin embargo, hay una excepción a esta regla: Bielorrusia. De hecho, este país no miembro de la Unión Europea gobernado por Alexandre Loukachenko, uno de los últimos dictadores europeos (sí, esto aún existe no demasiado lejos de casa), todavía permite la pena de muerte.

Está todavía en vigor y es ejecutada de una forma que la hace aún más atroz: Un grupo de tres personas (un juez y dos jurados) deliberan y aprueban la condena a muerte. A continuación, el presidente rechaza la atribución de una posible gracia política y, en ese mismo instante, el condenado se arrodilla y es asesinado con un balazo en la nuca. Se trata pues de una pena de muerte 'sorpresa' psicológicamente insostenible para el condenado y sus allegados.

También es útil recordar la postura de Rusia frente a la pena de muerte. Oficialmente, Rusia no la ha abolido. Sin embargo, una moratoria suspende su aplicación desde 1996, fecha en la que el país entró en el Consejo de Europa. La elección de una moratoria en lugar de una abolición total se puede explicar mediante el hecho de que sigue siendo popular entre la población rusa. En 2014, según un estudio encargado por el centro de investigación ruso Levada, el 52% de los encuestados se declaraba favorable al regreso de la pena capital.

China, campeona del mundo

En contraste, la situación mundial es mucho más preocupante. Según Amnistía Internacional, 140 países han abolido la pena de muerte mientras que 58 Estados todavía la mantienen. Puede parecer poco, pero no es más que una ilusión, ya que estos 58 países representan no menos de dos tercios de la población mundial.

Según el informe de Amnistía Internacional, cinco países están a la cabeza de la clasificación poco envidiable de los países que más prisioneros ejecutaron en 2014: Estados Unidos (35), Irak (61 o más), Arabia Saudí (90 o más), Irán (289 o más) y China (1.000 o más). Se trata de las cifras mínimas, ya que los países en cuestión son muy reacios a comunicar sus cifras en la materia y existen muchas áreas oscuras. Y esto es aún más cierto si hablamos de China, pues su Gobierno no publica cifras oficiales, e incluso hace de ellas un secreto de Estado.  

Después de Bielorrusia, ¿le llega el turno a Hungría?

Como preámbulo, es importante señalar que la situación de Hungría, país miembro de la Unión Europea, es radicalmente diferente a la de Bielorrusia, país no miembro de la UE. Después de haber firmado la carta de derechos fundamentales de la UE, Hungría se ha comprometido a respetar el artículo 2, que establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la vida. No puede ser condenada a pena de muerte o ejecutada".

Pero esto no ha impedido a Viktor Orban, primer ministro húngaro, poner el debate sobre la mesa. De hecho, ha declarado recientemente que estaba considerando la reintroducción de la pena de muerte en su país tras el asesinato de una empleada de una tienda en la ciudad de Kaposvar, a 185 kilómetros al suroeste de Budapest. Es fácil entender que estas declaraciones hayan dado lugar a una protesta pública en Europa y que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, no haya tardado en reaccionar y declarar que se desencadenaría una batalla si por casualidad Hungría rehabilitara la pena de muerte.

Desde entonces, Orban se ha retractado al tiempo que ha propuesto una consulta pública para preguntar a los húngaros sobre la política de inmigración de la Unión Europea, un signo de la radicalización del discurso del primer ministro húngaro. Este último también ha llenado portadas al declarar que cree profundamente en la pena de muerte y que en la Unión se deberían aceptar todo tipo de debates en defensa de la democracia. Esto llevó a Jean-Claude Juncker a dar la bienvenida a Viktor Orban con un "¡Hola dictador!" en la cumbre de Riga. Buen ambiente...

Sería interesante, no obstante, preguntarse si Hungría tiene el derecho de restablecer la pena capital. En teoría, sí. En la práctica es más complicado, ya que si deseara hacerlo debería abandonar antes la Unión Europea. Por otra parte, la constitución húngara, aunque ampliamente reelaborada por Viktor Orban y su partido en 2012, no se lo permitiría, pues establece que "la dignidad del hombre se basa en su vida".

Además, si Hungría decidiera restablecer la pena de muerte, los riesgos serían importantes. Ciertamente, según el artículo 7 del tratado de la Unión Europea: "El Consejo (...) puede decidir suspender ciertos derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro en cuestión, incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de este Estado miembro en el seno del Consejo". Así que suspendería el derecho a voto de los 7 diputados húngaros presentes en el Consejo de Europa. Y si Hungría persistiera en conservar la pena de muerte después de haberla rehabilitado, el Consejo podría decidir excluir del todo al país de su asamblea.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, hay muchas posibilidades de que Hungría y Viktor Orban se echen atrás, pues este juego no les merece la pena el esfuerzo. 

Translated from Viktor Orban, le croque-mort de Budapest