Silencio en España: la Ley Mordaza acalla las críticas

Published on December 17, 2014

Política

Jesús Posada, el presidente del Congreso de los Diputados en España, se sentó el pasado jueves en en el Congreso con una expresión de incredulidad que redondeaba sus mejillas. El caos se había apoderado de la cámara pero no en forma de pelea ni de gritos. En su lugar, un coro había empezado a entonar desde las gradas la conocida Canción del pueblo de Los Miserables.

Segundos antes, siete diputados de Izquierda Plural se habían puesto en pie con un pañuelo blanco tapándoles la boca en señal de protesta. "Les pido que se quiten la mordaza", les pidió Posada en repetidas ocasiones con una exasperación evidente, antes de que los diputados cedieran. 

¿Eran estos hechos parte de un espectáculo? No. Se trataba de una protesta en contra de la impopular ley que el Congreso aprobó el pasado jueves 11 de diciembre de 2014, en contra de una amplia mayoría. Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la "Ley Mordaza".

La creación de un estado policial

La ley impone una serie de medidas destinadas a frenar las protestas populares. Fotografíar o filmar a un policía o incluso compartrir imágenes en las redes sociales, podrá ser sancionado con una multa de entre 600 y 30.000 euros, haciendo practicamente imposible reportar cualquier abuso de poder por parte de la polícia.  

Por su parte, la desobedencia pacífica a la autoridad, la realización de protestas no autorizadas, impedir o frenar el desahucio de una vivienda, concentrarse fente al Congreso o visitar un lugar ocupado puede acarrear multas de entre 100 y 30.000 euros. 

Tras su aprobación en el Congreso, la ley tiene ahora que ser revisada por el Senado antes de ser enviada de nuevo al Congreso para su aprobación final. Sin embargo, como el Partido Popular (PP), el artífice de la ley, tiene mayoría absoluta en en las dos cámaras, es poco probable que la ley no se apruebe.                                                                                                                                                             Mientras tanto, todos los partidos de la oposición y una amplia mayoría de la sociedad española, rechazan esta ley. Argumentan que tanto la libertad de expresión como el derecho de asamblea se ven vulnerados. Sus oponentes más vehementes alegan que supone una legalización de las violaciones contra los derechos humanos y los mimebros de la oposición han resaltado su similitud con el Tribunal de Orden Público, el impopular TOP  de la época franquista. 

Drásticas represiones contra las voces críticas 

Las razones del Gobierno para aprobar esta ley son claras. Durante los últimos cinco años en los que España ha estado inmersa en la crisis económica, las protestas y la desobedencia civil se ha convertido en el modus operandi para muchos ciudadanos descontentos con la inacción del Gobierno.

Cuando los suicidos se convirtieron en algo común entre quienes iban a ser desahuciados por el impago de la hipoteca, algunos ciudadanos empezaron a ayudar a sus vecinos para evitar los desalojos o para ocupar edificios vacíos que podían ser utilizados como albergues.  En vez de atender las quejas de los ciudadanos, el Gobierno quiere aprobar una ley en la que se aplicarán las máximas sanciones por este tipo de acciones solidarias. 

Si la ley original no era lo suficientemente implacable, ahora se centra en los más vulnerables inclyendo duras medidas también contra la inmigración. Bajo una enmienda añadida recientemente, las autoridades españolas podrán deportar inmediatamente a los inmigrantes que entraron en España de forma ilegal cruzando la frontera que seapara a Marruecos de Ceuta y Melilla. La portavoz de Amnistía Internacional, María Serrano, declaró publicamente que la ley priva a los inmigrantes del derecho de asilo y elimina las garantías de acceso a una representación legal. 

A pesar de que los líderes del PP aseguran que esta ley es necesaria dado el elevado número de "violentos disturbios" que se han sucedido en los últimos tres años, las recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmaron que el PP exagera el número de incidentes violentos para justificar la aprobación de la ley. De acuerdo con las palabras del ministro, en los últimos tres años se han llevado a cabo tan sólo 72 actos violentos frente a 90.000 protestas pacíficas. 

Son muchos los que se han convencido de que el PP considera a las voces críticas como enemigas del estado y a la vulnerabilidad económica como una molestia que debe ser suprimida. En consecuencia, la popularidad del partido ha descendido considerablemente y los sondeos demuestran que de producirse elecciones generales ahora, el PP perdería. En el otro extremo, el partido Podemos, que ha surgido a raíz del movimiento de protesta Indignados  sería el ganador de unas posibles elecciones. El líder de Podemos, el joven Pablo Iglesias, ha encabezado una iniciativa en contra de la Ley Mordaza en el seno del Parlamento Europeo.

Con el 82% de la población en contra de la nueva ley y con las elecciones generales previstas para dentro de un año, hay quienes creen que es cuestión de tiempo que la Ley Mordaza sea derogada. Sin embargo, aún hay 12 meses por delante, en los que disidentes y críticos pueden enfrentarse a duras penas y sanciones económicas que la mayoría de activistas no pueden costear. Queda por ver si los ciudadanos inventarán nuevos métodos para expresar su malestar y sortear esta ley draconiana o si la desobedencia civil generalizada hará imposible su ejecución. 

Translated from Silencing Spain: Government Passes Law to Stop Protests