Salvaguardando la democracia

Published on March 7, 2005

Story by

chris yeomans

Translation by:

isabel aspe montoya

El ataque sufrido por Madrid hace un año golpeó no sólo el corazón de una de las ciudades europeas más cosmopolitas, sino también el corazón y el alma de cada europeo libre. Ello no fue debido al desconocimiento de ataques terroristas en Europa, dado que muchos de nosotros hemos crecido con el sectarismo y el terrorismo no demasiado lejos de nuestras casas. Con mucha más intensidad que lo vivido anteriormente, los trenes bomba -30 meses después del 11-S– supusieron un nuevo avance del horror en una Europa en la que los terroristas no aspiraban a alcanzar objetivos políticos tangibles, sino la destrucción de nuestra civilización, nuestros valores y nuestra democracia. Europa fue atacada, y la línea entre seguridad interna y seguridad externa empezó a ser en extremo borrosa.

¿Solidaridad europea?

Tras el 11-S, era crucial que los Estados miembro de la UE, tanto a nivel europeo como a nivel interno, afrontaran la novedosa y seria amenaza de grupos terroristas como Al-Quaeda. Con este objetivo, el Consejo Europeo de Laeken elaboró una Definición Común de Terrorismo (DCT). Esto fue esencial, no sólo para mostrar solidaridad tras los ataques vividos por los EE UU en los que también se habían producido víctimas europeas, sino además porque la definición de qué constituye un “terrorista” es intelectualmente muy debatida. También se acordó en esta reunión una propuesta para crear una Orden de Arresto Europea (OAE) para agilizar los procedimientos de extradición entre Estados miembro. A pesar de que se encontraba en proyecto desde Tampere en 1999, fueron los acontecimientos del 11-S los que proporcionaron a esta iniciativa una mayor fuerza. La OAE tenía como objetivo mejorar la cooperación no sólo para la persecución del terrorismo, sino también para los delitos relacionados con su puesta en marcha, como sabotajes y blanqueo de dinero. Estas medidas pusieron de manifiesto que los Estados europeos estaban dispuestos a colaborar y confiar entre si para afrontar la amenaza del terrorismo global.

Hasta la fecha, sin embargo, el entusiasmo mostrado en la adopción de estas medidas no se ha trasladado a la práctica. El problema con el inicio de una DCT es que no tiene en cuenta las divergentes percepciones existentes sobre las amenazas a lo largo y ancho de la UE. Por eso, esta cuestión es más fundamental en la agenda de países con una extensa historia de terrorismo como Reino Unido y Francia que, por ejemplo, para Finlandia y Suecia. Este hecho es particularmente preocupante conociendo la tendencia de Al Quaeda de golpear objetivos “blandos”, como lo muestra el 11-S y Bali. Por otra parte, la adopción de la OAE ha sido puesta en marcha con sólo un puñado de Estados que habían cumplido el plazo de aplicación el pasado uno de enero. Tras los ataques de Madrid, Bruselas invitó a los Estados que se habían rezagado a adoptar esta medida, pero, a pesar de ello, ha sido objeto del veto del gobierno de la República Checa, existiendo dudas sobre su constitucionalidad en Alemania y siendo todavía incierto si Italia lo adoptará de forma completa.

No es muy edificante ver cómo los miembros de la UE aparentan colaborar conjuntamente en la lucha contra el terrorismo, devaluando así en parte la reacción de Europa surgida en Laeken. Por ello, a pesar de que el enfoque europeo es bienvenido, comprobamos que sólo es efectivo si los asuntos no se dirigen después a las políticas de los Estados nacionales.

¿Proteger la democracia erosionando sus valores?

Además de los problemas relativos a la reacción de la UE existen también dudas sobre cómo algunos Estados miembro plantean combatir la amenaza terrorista. La evidente necesidad de reforzar la cooperación para proteger a la ciudadanía no puede hacerse en detrimento de las libertades civiles y los derechos fundamentales. En el tiempo transcurrido desde el 11-S y los ataques de Madrid, la protección de los ciudadanos y la eliminación de las organizaciones terroristas han sido siempre cuestiones prioritarias en la agenda política. En el Reino Unido el gobierno ha tomado una decisión sin precedentes como es la derogación de las obligaciones correspondientes a la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) para poder detener, sin acusación, a ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en acciones terroristas. Por supuesto, incluso los más acérrimos defensores de la libertad estarían de acuerdo en que aquellos que constituyen una amenaza no deberían quedar libres para cometer crímenes tan atroces. Pero vivimos también en una sociedad democrática y civilizada, y por ello los sospechosos deberían ser acusados y rápidamente procesados, respetando la presunción de inocencia hasta que su culpabilidad sea realmente probada. Esta práctica fue decretada ilegal en diciembre, siendo sustituida hasta el momento por un proyecto muy costoso de arresto domiciliario. El terror que amenaza a los Estados miembro ha permitido avanzar también en varios proyectos de pasaportes y carnés de identidad, a pesar de que su utilidad para combatir el terrorismo es muy cuestionable y amenaza con erosionar profundamente las libertades civiles.

Nuestros líderes afirman que Al Qaeda quiere minar y destruir nuestra democracia, pero al proteger a la ciudadanía y continuar con la “guerra” contra el terrorismo es importante que no erosionemos los auténticos valores de libertad, igualdad y justicia sobre los que se han construido las democracias y se han definido nuestras libertades.

Story by

chris yeomans

Translated from Safeguarding democracy