Lección del 11-M a los políticos
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pim de kuijer
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juan luis sánchez
El terrorismo es una amenaza para nuestras sociedades, como demostró la muerte de cientos de civiles en las explosiones de Madrid. Pero esto no es una carta blanca para que los políticos hagan lo que les venga en gana.
Todo es váido en el amor como en la guerra. Esta es la máxima que parecen aplicar los políticos en la guerra contra el terrorismo. Los hechos y el miedo son frecuentemente utilizados por los políticos para promover agendas alternativas. Los rusos etiquetan el conflicto Checheno como una lucha contra el terrorismo, rechazando así toda injerencia del exterior. El Gobierno de Bush también ha justificado sus guerras en Afganistán e Irak situándolas en el contexto de una guerra contra el terror, y ha sido capaz de sacar adelante la polémica Patriot Act, aprobada en plena resaca del 11-S y que, como el actual programa antiterrorista de la Unión Europea, incluye puntos que tienen poco o nada que ver con el terrorismo. Statewatch, una organización para el control del cumplimiento de los derechos humanos en la UE, alega que 27 de las 57 propuestas presentadas justo después del ataque en Madrid de hace un año no tratan en absoluto el asunto de la lucha contra el terrorismo; hablan, más bien, de crimen en general y de vigilancia.
Giro político contra el terror
Las cosas son aún peores en términos nacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, la nueva legislación británica que permite que los sospechosos sean detenidos bajo arresto domiciliario sin juicio alguno. Algo que, por supuesto, no sólo es útil en la lucha contra el terrorismo, sino muy práctico en cualquier caso en el que el Gobierno quiera quitarse de encima elementos no deseables para la sociedad. El líder de la oposición, Michael Howard, calificó esta medida como de “uso nacional de la seguridad para marcarse tantos políticos”. Pero este tipo de iniciativas no es exclusivo del Reino Unido. En Holanda, los políticos han introducido el término “terrorismo callejero” en un intento de ganar apoyo popular con medidas muy severas contra los atracos y el vandalismo. Los políticos han acabado entendiendo que cualquier referencia al terrorismo puede suavizar las dudas que, de otro modo, la gente tendría respecto a restricciones indebidas de las libertades públicas.
¿De quién es la culpa?
Pero además, hay un enorme riesgo en el uso del tema del terrorismo con fines políticos, algo que quedó claro tras el ataque de Madrid en marzo del año pasado. El Gobierno del entonces presidente José María Aznar culpó a la organización terrorista vasca ETA. Sin embargo, se fue demostrando que no era ETA, sino un grupo de extremistas islámicos el que estaba detrás de los atentados. El empeño del Gobierno español para convencer al mundo de lo contrario fue visto por su propia ciudadanía como un esfuerzo para distorsionar la verdad y obtener réditos electorales. El Gobierno de Aznar había sido el responsable de la decisión impopular de mandar tropas militares a Irak, algo que muchos pensaron fue el casus belli para los extremistas islámicos que llevaron a cabo los ataques. Aznar era sospechoso de haber apuntado con el dedo a ETA de forma deliberada. La protesta popular contra esta presunta manipulación fue determinante para la derrota de Aznar en las elecciones, fijadas para tres días después de la masacre. El pueblo español no era el único que estaba decepcionado. España convenció a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que adoptaran la resolución 1530, que afirmaba que: “El Consejo de Seguridad (…) condena los ataques en Madrid, España, perpetrados por el grupo terrorista ETA”. El órgano ejecutivo de la ONU sólo pudo sentirse avergonzado cuando se comprobó que esto último no era verdad. Los compañeros de España en la UE reaccionaron con enfado, pues tenían la sensación de que el Gobierno español les había puesto en peligro al no identificar a los verdaderos culpables. Como dijo el secretario general de la ONU Kofi Annan, “ésta es una lección para todos”.
¿Vivir y aprender?
Esa lección debería consistir en que la cuestión del terrorismo es demasiado sensible como para ser utilizada a la ligera con fines políticos, tanto si es para promover una agenda política como si es para evitar ser acusado de convertir al país en objetivo para los terroristas. Algunos argumentan que sería por tanto buena idea despolitizar el problema terrorista tanto como sea posible, por ejemplo otorgando parte de la responsabilidad en la lucha a organizaciones supranacionales o intergubernamentales, como la ONU o la UE. Este enfoque combinado evitaría que los gobiernos pudieran usar la lucha contra el terror como una tapadera para aplicar leyes de gran alcance, e imposibilitaría a los gobiernos manipular los hechos con la intención de proteger su propia vida política. Con este fin, la UE ha creado la figura del ”Zar antiterrorista” en la persona del holandés Gijs de Vries. Sin embargo, sus responsabilidades son limitadas. Si los Estados miembro están por aprender la lección de los ataques de Madrid, puede que se vean tentados a ampliar las acotadas responsabilidades comunitarias en el campo del terrorismo. Alguien como De Vries debería también revisar la legislación propuesta por la UE para enfrentarse al terrorismo, a la luz de la polémica suscitada alrededor de aquellos ataques. Sin embargo, parece más probable que De Vries sufra el destino predicho por el parlamentario europeo Gerard Déprez: “Tendrá más de cabeza de turco que de comandante en jefe”.
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Translated from Learning the political lesson