Expulsión de inmigrantes de forma industrial: el caso francés de Vincennes

Published on January 13, 2009

CulturaPolítica

“Éramos pocos, a nuestro alrededor había policías, bomberos y ambulancias que iban y venían. Desde donde estábamos no habíamos podido ver gran cosa: solo las llamas altas que rozaban lo que quedaba del tejado. Estábamos detrás del muro, no nos dejaban movernos, hacía un calor asfixiante y gritábamos eslóganes sin poder hacer nada más, mientras los policías nos llamaban al orden y uno de ellos nos grababa con una cámara −“¡Sonreíd! ¡Os están grabando!”− les hemos gritado, pero no hemos visto nada más y al cabo de un rato nos marchamos, en pequeños grupos, tal como habíamos llegado”. El testimonio de Anne, una militante del Réseaux education sans frontière (RESF), una asociación que lucha especialmente contra las expulsiones de menores extranjeros del territorio francés, confirma un dato común en los centros europeos en los que se recluye a los extranjeros a la espera de su expulsión: su inaccesibilidad a la sociedad civil.

La revuelta de Vincennes

El 22 de junio de 2008, el día en que el CRA (Centro de detención de extranjeros) de Vincennes, en las afueras de París, se incendió, Anne y los demás se quedaron mirando desde lejos. Todavía no se ha arrojado luz sobre las causas y el desarrollo del incendio en el centro, que desde entonces está vacío y no volvió a funcionar, parcialmente, hasta noviembre. “Para resumir, tras la muerte de un tunecino (la autopsia, que nunca se ha hecho pública, habla de parada cardiaca sin decir nada más), la agitación se adueñó de los reclusos”, explica Cécile, de Cimade, la asociación encargada de garantizar a los extranjeros del CRA el ejercicio efectivo de sus derechos. “Después, pidieron explicaciones y no se las dieron: el día siguiente estalló un tumulto violento con la policía y después alguien prendió fuego a una habitación”.

Si el elemento que desencadenó la revuelta fue la muerte del recluso, Cimade denunciaba desde hacía tiempo las difíciles condiciones en las que se hallan los extranjeros en Vincennes. En su informe sobre los CRA franceses de 2007 denunciaba que el centro -con sus dos instalaciones para 140 personas cada una y un personal de policía suficiente solo para una de ellas, locales estrechos, el escaso espacio para caminar y el contacto humano reducido hasta el extremo- “es un universo casi carcelario que genera violencia de distintas formas”. Asimismo, la política “del número” impuesta por Sarkozy (26.000 expulsiones para 2008) −con sus implicaciones en términos de aplicación mecánica y restrictiva de la ley− ha llenado los CRA hasta su capacidad máxima y ha llevado hasta la exasperación a las personas que están recluidas en ellos. El informe de Cimade advertía: “2009 será un año difícil, que amenaza con ser solo el principio, si la Administración no toma nota de la gravedad de la situación”. 

La industrialización de la detención de los simpapeles

El CRA de Vincennes era el mayor de Francia, un auténtico símbolo de la industrialización de la detención administrativa de los simpapeles denunciada por Cimade. “La lógica que está detrás de la realización de la política de Sarkozy”, explica Nicolas Fischer, investigador de la EHESS (Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales) de París, “es la de la productividad: proporcionar cifras sobre el número de extranjeros que hay que expulsar presupone que el Estado se compromete a mantener el objetivo”. El peligro es que, con esta lógica, los derechos de los extranjeros en cuestión representen un freno.

No es casual que la presencia misma de Cimade en los CRA, regulada por una Convención estipulada en su origen en 1984 entre la asociación y el Estado, se ve amenazada por la intención de instaurar un régimen de competencia entre varias organizaciones: “En nombre de la transparencia a la que debe tender todo Estado que se quiera llamar liberal, el Gobierno quiere multiplicar el número de los candidatos a proporcionar asistencia en los centros, pero se reserva el derecho a escoger la asociación que respete, entre otros criterios, también el de confidencialidad. Lo que esto significa no está claro: los abusos denunciados por Cimade, las informaciones sensibles que a menudo son determinantes para demostrar si un extranjero ha sido detenido injustamente en un centro, ¿serán consideradas confidenciales?”. El otro gran riesgo es que, ante la previsión de la división en lotes de los CRA en el territorio nacional, se perderá esa visión de conjunto sobre el estado de la detención administrativa que hasta hoy estaba garantizada por el informe anual de Cimade.

¿Son necesarios los centros de detención?

A pesar de las críticas, la generalización de la detención de extranjeros sin permiso como pilar de la política inmigratoria es un hecho en Europa. Pero la función de los centros de detención no es tan obvia: los Estados de origen de los extranjeros a menudo no emiten la autorización necesaria para la repatriación de los simpapeles, por no hablar del gasto cada vez mayor que comporta todo el aparato de funcionarios y estructuras implicadas en las expulsiones. En Francia, la periodista Carine Fouteau ha estimado en 700 millones de euros anuales su coste total. El resultado es que a menudo la gente sale de los centros con un documento que exhorta a abandonar el país con los propios medios. “Se sabe que muchos simpapeles no van a regresar”, prosigue Fischer, “pero mientras tanto han sido identificados, se ha localizado parcialmente una población invisible, que en Francia está estimada entre las 400.00 y las 600.000 personas”. Mientras tanto, Vincennes está destinado a volver a funcionar, con más capacidad todavía: es inevitable, puesto que la nueva cifra de expulsiones que hay que llevar a cabo en 2009 ha alcanzado los 30.000 ‘objetivos’.

Translated from Le restrizioni delle politiche migratorie: il caso francese di Vincennes