Elecciones 26-J: tenemos que hablar del sistema electoral español
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[OPINIÓN] Si tú también eres de los que vas a votar sin saber muy bien cómo funciona el sistema electoral y nunca has llegado a comprender del todo por qué un voto no vale igual en todas las provincias o por qué la ley electoral perjudica a ciertas formaciones políticas, este artículo de opinión es para ti.
Pese a lo que solemos pensar, el próximo 26 de junio los españoles no elegimos a nuestro Presidente del Gobierno, sino a los representantes de nuestro Parlamento nacional. Éste, al que conocemos como Cortes Generales, está conformado por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Y sólo una parte de los parlamentarios, los diputados del Congreso, son los que eligen al líder del poder ejecutivo.
El Congreso lo integran 350 diputados, elegidos en cada una de las 50 provincias [más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla] en las que está dividida España. Para entendernos, una provincia es una extensión territorial inferior a la Comunidad Autónoma –siendo esta última equivalente, con matices, a un Land alemán o a una regione italiana-. La extensión de algunas de estas Comunidades Autónomas –Asturias, Navarra, La Rioja, Murcia o Madrid- coincide, a la vez, con la de una sola provincia. En cada una de éstas, los escaños se reparten atendiendo a una fórmula bastante proporcional, llamada fórmula D´Hondt que, sin embargo, según la mayoría de los españoles, es de todo menos proporcional.
Como España es un país en el que la población está repartida territorialmente de forma muy irregular, y los escaños se asignan a cada provincia principalmente en función de los habitantes de la misma, el número de diputados elegido en cada circunscripción varía notablemente de una a otra. El hecho de que la provincia de Soria elija sólo 2 diputados y Madrid a 36, nos obliga a establecer diferencias entre provincias dentro del sistema empleado para la elección de los diputados.
En las grandes circunscripciones como Madrid (36 diputados) o Barcelona (31 diputados), el empleo de la fórmula D’Hondt apenas provoca diferencias entre el porcentaje de votos y escaños, por lo que es más fácil que todos los partidos obtengan representación. Sin embargo, conforme el tamaño de la circunscripción se reduce, la diferencia entre uno y otro aumenta. Un efecto que se agudiza en aquellos lugares en los que se reparten menos de 5 escaños. Piénsese en la provincia de Soria, donde sólo los dos partidos más votados obtendrán representación. En esta provincia, en las pasadas elecciones, el 37,52% de los votos no tuvo ningún efecto, pues no fueron suficientes para elegir a un diputado. En este porcentaje estaban los votos obtenidos por Podemos (16%), Ciudadanos (15%) y la coalición de Unidad Popular, en la que se integraba Izquierda Unida (3,5%). Y ello a pesar de que, posiblemente, en el momento de votar muchos ciudadanos adaptaron su comportamiento electoral a las reglas del juego, decantándose por una fuerza política que a priori no les satisfacía tanto como otras: es el conocido como 'voto útil'.
¿Un sistema que favorece a los grandes partidos?
Por un lado, las fuerzas políticas a las que el sistema electoral les asigna un menor porcentaje de escaños que de votos y que, por tanto, se ven perjudicadas por el mismo, han pretendido tradicionalmente una mayor proporcionalidad. Es el caso de Izquierda Unida (IU) o del hoy prácticamente desaparecido Unión Progreso y Democracia (UPyD). Por otro lado, aquellas que se veían beneficiadas (Partido Popular y Partido Socialista) recordaban que si nos decantásemos por un sistema electoral que fragmentase mucho el reparto de escaños, se dificultaría en mayor medida la formación de Gobierno. Buena parte de la opinión pública consideró que este argumento escondía la voluntad de mantener por parte de los partidos hegemónicos el statu quo existente. Y aunque algo hay de cierto en ello, no podemos olvidar que con este sistema electoral tan denostado por primar en exceso la gobernabilidad, los españoles debemos volver a las urnas el 26 de junio precisamente por haber sido imposible formar gobierno tras las elecciones de diciembre.
Es cierto que nuestro sistema electoral, siendo formalmente ‘proporcional’, es de los menos proporcionales que existen. Pero lo que no cabe es defender la proporcionalidad sólo porque beneficia a la fuerza política que apoyamos, olvidándonos del resto de funciones que está llamado a desempeñar el sistema electoral. Lo que ha sido, me parece, la tónica dominante durante estos últimos años.
Uno no puede evitar preguntarse si los intereses de los electores, que es lo que nos debería preocupar, se defienden mejor en un Parlamento donde están representadas muchas fuerzas políticas. O si dicha defensa cabe dentro de un sistema con un número más reducido de partidos, pero más permeables y cuyo funcionamiento interno sea realmente democrático. ¿Y si estuviésemos culpando en exceso al sistema electoral de la crisis de representación que atravesamos?