¿Aterrorizando a los medios?
Published on
Story by
ruth bender
Translation by:
eva toftisova
La guerra contra el terrorismo está causando víctimas insólitas. ¿Será la libertad de prensa una de ellas?
Poco después del 11-S el presidente George W. Bush anunció que había un nuevo enemigo entre nosotros. “Este nuevo enemigo trata de destruir nuestra libertad e imponer sus ideas”, dijo el presidente norteamericano. Era un enemigo anónimo que se podía encontrar en cualquier parte. Luchar contra él no iba a ser fácil ni para el gobierno ni para la prensa. Un informe de la Federación Internacional de Periodistas afirma que “llevar una guerra sin una confrontación militar preparada y realizada con cuidado, sin objetivo rígido, sin fronteras bien definidas y sin un punto de conclusión a la vista, causa sin remedio la restricción de los principios y libertades civiles que constituyen el pilar ético de la sociedad democrática”. ¿Será que la lucha contra un enemigo que “intenta destruir nuestra libertad” lleva a la destrucción de la misma libertad que queremos salvaguardar?
Ante la ley
Luchar contra un enemigo que no tiene territorio requiere un nuevo tipo de artes militares. Según nuestros líderes, esto supone una mayor vigilancia sobre los individuos, la posibilidad de retener a personas por tiempo indefinido y la restricción de nuestra libertad de expresión. Por ejemplo, el Terrorism Act de 2006, que entró en vigor en Inglaterra en mayo pasado, impide la “glorificación del terrorismo”. Los críticos a esta legislación señalan que en los años ochenta esto podría haber causado el arresto de personas por apoyar el Congreso Nacional Africano en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pues por entonces estaba clasificado como grupo terrorista.
Estas políticas no se dan sólo en Inglaterra. En junio de 2005 se emitió una orden judicial contra el periodista alemán Bruno Schirra, acusado de revelar secretos de Estado. Fue demandado por escribir un artículo para la revista política Cicero titulado “El hombre más peligroso del mundo”. El artículo contenía un análisis sobre el insurgente jordano residente en Irak Abu Mussab Al Zarqawi y numerosas citas de un informe clasificado de la Autoridad de Investigación Criminal de Alemania. Cinco meses después de la publicación del artículo, la policía hizo una redada en las oficinas de la revista, violando el derecho de confidencialidad consagrado en los artículos 10 y 19 de la Constitución alemana. Los grupos de libertades civiles y los periodistas reaccionaron con ruidosas protestas.
La actuación contra Schirra se basó en una laguna en la legislación alemana. Según la Federación Alemana de Periodistas, las redadas en oficinas de prensa y en domicilios de periodistas se convierten en un elemento cada vez más habitual de las investigaciones criminales rutinarias y están justificadas por la sección 353 del Código Penal referida a la instigación o incitación a la revelación de secretos de Estado que deberían protegerse de fuerzas externas. El caso de Schirra plantea serias cuestiones sobre la libertad de prensa en Alemania, sobre todo porque forma parte de una preocupante serie de precedentes. En marzo de 2003 el Tribunal Constitucional de Alemania autorizó a la policía a averiguar el origen de las llamadas telefónicas de periodistas en casos “graves”.
Cambio de escenario
Alemania no es el único país donde el cambio de legislación está alarmando a los periodistas. En 2005 se produjeron muchos más registros en domicilios de periodistas y confiscaciones judiciales de docuentos en Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca. En mayo de 2006, el ministro del interior holandés, Johan Remkes, siguió el ejemplo del fallo del Tribunal Constitucional de Alemania en 2003 y dijo ante el Parlamento holandés que el servicio de inteligencia nacional puede escuchar a escondidas a los periodistas. La Federación Internacional de Periodistas respondió afirmando que “la vigilancia oficial sobre llamadas telefónicas, correo electrónico, faxes y uso de Internet socava tanto la protección de datos como la capacidad de los periodistas de almacenar información y fiscalizar el aparato estatal”.
En junio del 2006, el gobierno británico hizo pública su intención de fortalecer sus leyes de confidencialidad oficial para impedir que los que tiran de la manta revelen información sobre la política del gobierno. Así, funcionarios con acceso a información confidencial ya no serán previsiblemente capaces de sostener que al público le conviene que ellos pongan al descubierto los errores o las acciones ilícitas del gobierno. Sólo un mes antes, en mayo de 2006, el gobierno danés arrestó a Michael Bjerre y Jesper Larsen. A los dos periodistas, que trabajan para el diario danés Berlingske Tidende, les esperan dos años de cárcel porque en 2004 publicaron que, antes de sumarse a la invasión de Irak, el gobierno danés había recibido información de la inteligencia militar de que no había evidencias contundentes de armas prohibidas en Irak. Están acusados de “publicar información de terceras personas obtenida ilícitamente”, según el Código Criminal.
¡A callar!
Como los periodistas se dan cuenta de que se les observa cada vez más, y sus fuentes se quedan cada vez más escasas, su acceso a la información se hace más difícil también. La ONG Statewatch informa que el Consejo de la Unión Europea ha denegado el acceso a documentos a investigadores porque la revelación de dichos documentos “obstaculizaría seriamente la toma de decisiones por parte del Consejo” sobre un asunto relacionado con las “opciones estratégicas para la campaña coordinada de la Unión Europea contra el terrorismo”. Sin embargo, el texto completo del documento, que Stateswatch ha conseguido, muestra que los proyectos no revelados a los periodistas hacen referencia a los derechos y la protección de refugiados. Queda en el aire la pregunta de si todos los documentos ocultados al público de verdad merecen serlo.
Lo que es igual de preocupante, si bien más difícil de determinar, es el nivel de autocensura que los periodistas se imponen a sí mismos, forzados por el ambiente inhóspito que crean las leyes antiterroristas. El ejemplo más revelador a ese respecto es que los medios de comunicación estadounidenses no han hecho preguntas a la administración de Bush sobre sus razones para lanzar la guerra contra Irak. El corresponsal de guerra de la CNN, Christiane Amanpour, sostuvo que incluso su medio se mordió la lengua durante la invasión de Irak y la guerra posterior debido "a un clima de miedo y auticensura. En las condiciones difíciles a las que se enfrentan los periodistas, también en Europa puede que la libertad cause baja en la lucha por preservarla.
Story by
Translated from Terrorising the media?