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Unidos contra la Directiva Bolkestein

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Default profile picture ana soriano escudero

Europa está abriendo sus mercados laborales, pero a menos que cree un patrón que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores, esas medidas pueden acabar siendo contraproducentes.

Los últimos 50 años han visto crecer sin cesar un mercado unificado del capital. Este cambio no se ha visto reflejado en el mercado laboral. A medida que el capital se ha liberalizado, en las fronteras de Europa se imponen crecientes restricciones de movimientos, algo que comienza a cambiar. Al menos en el interior de Europa.

¿Manos abiertas…

El pasado mes, Finlandia, España y Portugal anunciaron que abrirían sus mercados laborales a los trabajadores de los nuevos Estados miembro desde mayo de 2006. Mientras que otros tantos países, sobre todo Alemania y Austria, se encuentran por el momento en período de transición, ahora parece inevitable que tendrán que abrir sus fronteras a los trabajadores de los nuevos países miembro; incluso la proteccionista Francia se está preparando para el cambio.

Un reciente informe de la OCDE indica que la apertura de los mercados laborales no creará flujos masivos de inmigración. De hecho, en aquellos países que ya han abierto sus mercados laborales (Suecia, Reino Unido e Irlanda), la nueva fuerza de trabajo ha beneficiado sus economías.

…Pero bolsillos cerrados?

La cuestión de los períodos de transición es un asunto menor. Más apremiante es la extensa cuestión de cómo, con un mercado laboral unificado, los derechos de los trabajadores serán defendidos. Este mercado de trabajo único plantea grandes retos para aquellos que se encuentran implicados en velar por los derechos de los trabajadores: los sindicatos. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ofrece una respuesta a esta cuestión.

La CES es una organización europea que concentra sindicatos de toda Europa. Hace poco entrevistamos a Tom Jenkins, consejero de asuntos internacionales de la CES. Jenkins recibe con agrado el anuncio de que más países abrirán sus mercados laborales: “preferiríamos no ver períodos de transición en absoluto”, dijo. “Las restricciones temporales han tenido un efecto negativo; han causado un crecimiento del trabajo en la economía sumergida, la explotación y la discriminación”. La escasez de trabajo en Europa del Este no va a terminar, y la apertura del merado es una mejor manera de resolver este problema que el uso de mano de obra ilegal.

Sin embargo, el apoyo de la CES a un mercado laboral abierto es sólo condicional. Demandan que la gente que trabaja en el mismo territorio reciba el mismo salario: “La apertura de los mercados laborales no debería ser una excusa para incrementar la competitividad”, dice Tom Jenkins. Este principio de trato igualitario se ha convertido en uno de los caballos de batalla más importantes para la CES.

Cambios de destino

Este principio fue aparentemente consagrado en lo que se conoce como Directiva Posting, que sitúa los derechos de los trabajadores y las leyes laborales en el corazón del mercado común. Este texto fue cuestionado en 2004 por la Directiva sobre Servicios en el Mercado Interior, la Directiva Bolkestein, que aboga por una liberalización extensiva de los servicios en Europa. El punto clave de la disputa fue el principio del país de origen, que mantenía que las compañías estaban “sujetas sólo a la leyes nacionales de sus Estados miembro de origen”. Esto, teme la CES, provocaría una espiral descendente de derechos, pues las empresas podrían trasladarse a los países con salarios más bajos y las regulaciones medioambientales más laxas.

La respuesta a la propuesta fue una masiva protesta liderada por la CES. En Febrero, el Parlamento Europeo aprobó con 391 votos a favor y 213 en contra, cambios fundamentales en los Servicios de la Directiva, salvaguardando todos los elementos cubiertos por la Directiva Posting: la nueva versión obliga a los negocios a tener en cuenta los salarios y las condiciones de trabajo en los países en los que un servicio es prestado.

¿Permanecer unidos?

En esta legislación reformada hay también grandes límites, situados en qué servicios pueden ser liberalizados. Servicios de Interés General, argumenta ETUC, deben ser puestos en un marco aparte de los servicios comerciales. Algunos críticos alegan que esta es sólo una versión edulcorada de la directiva, y que permite a países como Francia continuar con políticas proteccionistas que injustamente limitan la competencia con las empresas de los nuevos estados miembros.

Poco después de la votación de Febrero, Piotr Wozniak, el ministro de Economía polaco, expresó sus dudas acerca de si merecía la pena pagar ese precio. Más aún, mientras un Mercado de Servicios Interiores unificados es claramente beneficioso para los países que se acaban de unirse a la UE, la habilidad de los nuevos estados miembros para competir desde la base de sus pobreza no es una estrategia sostenible para Europa.

El debate

En una época en la que las líneas entre la derecha y la izquierda son cada vez más difusas, el debate es cuanto menos refrescante. Aquellos que están a favor del “estilo Bolkestein” argumentan a favor de reducir los costes; aquellos que se manifiestan en contra arguyen una clásica tendencia conservadora a que ciertos servicios públicos estén protegidos del mercado.

Esta confusión en el debate es sólo un reflejo de la confusión reinante en el proyecto Europeo. ¿Está Europa satisfecha con descansar como un área económica común, o hay un proyecto social e intelectual en el fondo de todas estas reformas?

La cuestión es si queremos que los trabajadores polacos en Finlandia sean pagados con salarios polacos o al nivel de los salarios finlandeses. Lo último está más acorde con el proyecto europeo, que quiere elevar la calidad de vida a lo largo y ancho de Europa.

Translated from Standing in union against the Bolkestein Directive