Schengen y sus circunstancias
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El ataque contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado kosher el pasado mes de enero ha hecho reaccionar los líderes europeos. Y la respuesta de algunos ha virado rápidamente hacia la protección de sus fronteras y ciudadanos, o lo que es lo mismo, espacio Schengen y control de la información.
El supuesto sacrosanto tratado de libre circulación de personas ha sido uno de los temas de conversación en las instituciones europeas tras los atentados de París. Durante la reciente cumbre europea también se ha discutido sobre ello enmarcado en la discusión de medidas contra el terrorismo. El punto estrella del programa: la implantación del Passenger Name Record (PNR). ¿Una medida estrella o un viejo truco?
Los cambios sobre la mesa
Los dos grandes avaladores de la propuesta para la modificación de Schengen fueron España y Francia que venían presionando para establecer controles sistemáticos en las fronteras exteriores. Hasta ahora sólo se coteja el pasaporte de ciudadanos europeos con las bases policiales de forma no sistemática y tan sólo si presenta un perfil de riesgo.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, zanjó el tema tras la cumbre europea celebrada ayer en Bruselas afirmando que el ejecutivo comunitario “no ve la necesidad de revisar las normas de Schengen por ahora”. No es la primera vez, ni será la última, que Schengen está en el punto de mira, pero parece ser que “por ahora” seguirá intacto.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se opuso también a la modificación del tratado de libre circulación y apuntó en su rueda de prensa en otra dirección: “El problema es que la información no es suficientemente compartida entre los estados miembros (…) pero para poder intercambiar información primero tenemos que recogerla, por eso es tan importante un PNR europeo”. Los jefes de Estado y de Gobierno si acordaron ayer la creación de este macrofichero de información sobre los viajeros de avión, el PNR, para finales de 2015. Un mecanismo que puede vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.
La Comisión para las Libertades Civiles del Parlamento Europeo ya rechazó en abril de 2013 la propuesta de la Comisión para la creación del PNR, quedando así estancado en el trámite parlamentario. Ahora los 28 líderes de la UE reclaman otra vez a los europarlamentarios aprobar dicho mecanismo. En esta misma línea, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, intentó presionarles el pasado 13 de enero en el pleno de Estrasburgo afirmando: “Si no conseguimos establecer un solo PNR europeo, acabaremos con 28 sistemas nacionales, un mosaico con agujeros que interferirán en la privacidad de los ciudadanos pero no protegerán correctamente su seguridad”. Et voilà, aquí encontramos España, así como otros 14 países europeos, en los que ya se trabaja para la implementación de un sistema informático para dicho propósito.
Cuando el cómo importa
El gobierno español aprobó en diciembre de 2014, con toda la oposición parlamentaria en contra, la controvertida Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. La ya conocida como “Ley mordaza” convertirá en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal, un cambio por el que los ciudadanos afectados pueden acabar pagando tasas judiciales, algo que no se producía anteriormente. Para más inri incluye como conductas sancionables manifestaciones delante del Congreso o las faltas de respeto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta ley el gobierno intenta también legalizar las “devoluciones en caliente”, es decir, el rechazo de inmigrantes en Ceuta y Melilla una vez en suelo español, negándoles el derecho de asistencia letrada y petición de asilo.
Es precisamente a través de una enmienda a esta polémica ley en el Senado que el Partido Popular, que gobierna en la actualidad, quiere dar cobertura legal al PNR. Y es que el trámite en sí mismo ya es controvertido. Aprovechar una ley en trámite para introducir una enmienda significa un proceso más rápido con menos debate y menos informes de órganos constitucionales. Así, y de un solo golpe, se ahorran polémicas públicas, aportaciones técnicas o corrección legislativa. Lo que nos venden como solución se tramaba ya antes de la crisis de seguridad que los países europeos han vivido tras los atentados de París. Gobernar motivados por el miedo nunca es una buena idea.