People's Climate Case: las 11 familias que han llevado a la UE a los tribunales

Published on August 30, 2019

Editors PickImpactImpact Home

Todo empezó hace algo más de un año para Maurice Feschet, un productor de lavanda jubilado de Drôme, una región del sur de Francia. Mientras habla con su amigo y vecino alemán, Gerd Winter, profesor de la universidad de Bremen, Maurice se apoya con fuerza sobre la laya que utiliza para trabajar la tierra, echa un vistazo a su cosecha y masculla sobre las dificultades de la finca familiar; un tema habitual. Hace diez años que su producción de flores de lavanda no deja de disminuir debido a los cambios del clima. Pero, a pesar de sus 73 años, ha decidido hacer algo por cambiar la situación. Persuadido por su amigo alemán, se ha sumado al proyecto de CAN Europe, una coalición de 150 oenegés europeas que luchan contra el calentamiento global. ¿Su objetivo? Conseguir que la justicia europea condene la Eurocámara y el Consejo de la UE por su inacción.

11 hombres enfadados

Con la ayuda de sus abogados y decenas de organizaciones ecologistas con fuerte presencia en los medios de comunicación, él y otros diez denunciantes, se han embarcado en una verdadera aventura. Exigen a la Unión Europea que "revise al alza sus objetivos para luchar contra el cambio climático". Maurice Feschet y los otros once hombres enfadados están totalmente decididos a luchar contra la UE. Se trata de la primera demanda judicial contra las instituciones por su falta de protección del clima.

Los demandantes se han asociado bajo la entidad People's Climate Case (en español, "el caso de la gente por el clima"). Su reclamación se centra en las emisiones de gas de efecto invernadero. En el año 2014, Europa adoptó el compromiso de disminuir un 40% sus emisiones para el año 2030, en relación a las del año 1990. Para los demandantes, es "inadecuado si se tiene en cuenta la necesidad de prevenir los peligros del cambio climático, y no es suficiente para proteger sus derechos fundamentales".

A finales de 2017, las instituciones comunitarias aprobaron tres iniciativas para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, que entraron en vigor el 24 de mayo del 2018. Fue entonces cuando la asociación acudió a la justicia europea. "No podíamos esperar mucho más tiempo, los tratados comunitarios fijan una fecha límite para oponerse a las directivas europeas", explica Roda Verheyen, la abogada de las familias.

Los demandantes critican que Europa tiene un discurso hipócrita. Durante las conferencias globales por el clima, y ante las cámaras del mundo entero, anuncian medidas que hacen que Europa tenga una buena imagen por su defensa del medioambiental; aún más desde la retirada de Trump de los acuerdo de París. Pero detrás de las cámaras se esconde la dura realidad: los denunciantes reclaman que las acciones reales de las instituciones ponen en peligro sus hogares, sus oficios tradicionales y el futuro de sus hijos. Agricultores, ganaderos y hosteleros ven que su entorno rural va cada vez a peor.

La UE es el tercer contaminante mundial, por detrás de China y Estados Unidos, pero es también la entidad política que se ha propuesto los objetivos más ambiciosos para reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero. Desde 2015, y tras los Acuerdos de París**, ningún país de la Unión Europea ha adoptado leyes de obligado cumplimiento respecto a los compromisos acordados, denuncian las familias y a las oenegés que las apoyan. Se basan en los datos de Eurostat: en el último año las emisiones de CO2 se han reducido en un 2,5%. A pesar del dato positivo, los denunciantes no lo ven tranquilizante ni suficiente.

El pasado 10 de mayo, la oenegé WWF denunciaba que la Unión Europea había gastado ya todos los recursos disponibles para ese año, más de 7 meses antes de terminar el año. En otras palabras, en esa fecha, los 28 Estados miembros "llevaron a cabo capturas de pesca, talaron árboles y cultivaron tierras en una proporción mayor que lo que la naturaleza puede proporcionar a lo largo de un año", explica Roda Verheyen.

¿Por qué demandar a una institución supranacional y no a los Estados o a las empresas directamente? "Es Europa la que marca las reglas y la que permite contaminar a los Estados miembros y a las empresas", señala la abogada. "Además, exigir a la UE una revisión al alza de sus objetivos no impide una demanda paralela contra las empresas y a los Estados". La UE tiene competencias medioambientales desde la adopción del Tratado de Maastricht en 1993.

De los renos lapones al pescado de Fiyi

Maurice Feschet siente y ve los efectos del cambio climático en Europa todos los días. Desde la región del sudeste francés donde su familia vive desde hace cinco generaciones, el agricultor cree que los efectos "serán cada vez peores, sobre todo en lo financiero". En diez años de cosecha, se han perdido 30 toneladas de flores de lavanda. El agricultor echa la culpa a la crisis climática: "Desde hace un tiempo las temperaturas son anormalmente elevadas a principios de año, y justo después tenemos épocas lluvias de fuertes y prolongadas lluvias que ponen en peligro la producción". Maurice no es el único que ve que el mundo se le cae encima.

Entre los demandantes está también la familia Carvalho, una familia portuguesa que ha visto cómo un incendio en 2017 redujo a cenizas el 95% del espacio forestal que cuidaban. Un año que en el que se vivió un calor anormal: el fuego que destruyó los terrenos se declaró un 15 de octubre. Mucho más al norte de Europa, en Suecia, cerca del círculo polar, el balance es similar a pesar de que el clima es distinto. La comunidad autóctona de los lapones, cuya vida se desarrolla en torno a la cría de renos desde hace siglos, ve amenazada su existencia. Las altas temperaturas han modificado los periodos de trashumancia y cada vez hay menos pastos para los renos. Para defender su cultura milenaria, la asociación Saminuorra, formada por jóvenes samis de Suecia, se ha unido también al People's Climate Case.

Una prueba más de que el cambio climático es un problema que afecta a todo el planeta es que la constitución del grupo no se ha limitado a la UE: una familia keniata y otra de las islas Fiyi también forman parte de los demandantes. "Los derechos fundamentales de la UE deberían proteger también a los ciudadanos que viven fuera de Europa si se ven afectados por actividades europeas", denuncia CAN Europe. Con esta demanda quieren recordar a la UE sus responsabilidades internacionales. Subrayan también que Europa enviaría una fuerte señal a los demás países si se fijara objetivos de mayor envergadura.

El impacto directo que no fue tal

Los denunciantes lo repiten hasta la saciedad: la demanda que presentaron en 2018, basada en diez argumentos muy bien detallados, no persigue un fin económico. La ambición es ganar. "Querría decir que el Tribunal de Justicia declararía como insuficiente el objetivo de reducir un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero de aquí al 2030. Forzaría al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a presentar nuevos objetivos", afirma Roda Verheyen.

Pero no se trata solo de ganar. El pasado 8 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea declaró la demanda como "improcedente", como pedía la defensa de las instituciones. Un duro golpe para los demandantes.

El juez consideró que "el hecho de que los efectos del cambio climático puedan ser unos para una persona y otros para otra, según los criterios aplicados por una persona u otra, no implica que exista una condición para actuar en contra de una medida de aplicación general". Resumiendo: las familias no pueden reclamar un impacto "directo e individual" derivado de la falta de acción contra la crisis climática de las instituciones. Y, por tanto, no pueden forzar que la UE cambie sus objetivos actuales.

"El problema es demostrar su obligación de actuar, que no están cumpliendo con su deber", precisa Judith Rochfeld, profesora de Derecho privado en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. ¿Supone el final de People’s Climate Case? "De eso nada", proclama a los cuatro vientos Roda Verheyen, la abogada coordinadora del caso: "El caso no queda archivado. Al contrario, el tribunal admite que el cambio climático tiene un impacto a nivel mundial". Los demandantes recurrirán.

Tendencia mundial

Más allá de las cifras y de los hechos, este caso tiene también un carácter simbólico. Primero, para los demandantes, pero también para la sociedad en general. "Es importante que la gente se conciencie", recalca Maurice Feschet, "queremos decirles que tengan cuidado, las cosas están cambiando".

Todas las familias comparten la ambición de provocar un giro radical de las cosas. Vlad Petru, un agricultor rumano que nació y "morirá en su montaña", quiere justicia "para los campesinos, y para todo el mundo". Él forma parte de una plataforma que ha lanzado una petición en internet para pedir acciones, que ha conseguido más de 190.000 firmas. Siguiendo el ejemplo de El problema del siglo" en Francia**, y su récord nacional con más de dos millones de firmas, los ciudadanos están demostrando que están preocupados por el cambio climático.

Y sobre todo los jóvenes. "Las demandas judiciales tienen una enorme divulgación y ayudan a que cada persona se conciencie de la urgencia y actúe de forma individual. Hacen que todo el mundo tome conciencia de las causas, los efectos y de lo que se puede hacer", defiende Judith Rochfeld. Las manifestaciones contra la crisis climática, sobre todo en Europa, y los cada vez más numerosos actos de desobediencia civil en Londres y en París, buscan que nadie se olvide del asunto.

Por todo el mundo se están multiplicando las acciones en la justicia de ciudadanos preocupados. Por ejemplo, en países como Pakistán, Ecuador, Estados Unidos o Países Bajos, donde en octubre del 2018 la justicia requirió al Estado que aumentara su objetivo de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Era la primera vez que esto pasaba en todo el mundo. Según el Sabin Center for Climate Change Law, parte de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, existen unos 1.000 ciudadanos y asociaciones que han demandado a Estados por temas climáticos, sobre todo en Estados Unidos.

Las movilizaciones de la sociedad civil y de la juventud también ponen presión sobre los políticos. "Incluso cuando los jueces no dan la razón a los demandantes, la celebración del juicio cambia en general la agenda y promueve una mayor interacción entre la política climática y las acciones", asegura Judith Rochfeld. Una prueba de la evolución de los avances en Europa es que el Parlamento Europeo votó en octubre del 2018 una resolución reclamando aumentar la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero del 40 al 55%. Al final, la Comisión Europea ha reconocido que la estrategia a largo plazo de la UE no permitía respetar los compromisos del Acuerdo de París.

Los resultados de las elecciones europeas son la última señal de un importante cambio global en la lucha contra la crisis climática. Los Verdes han cosechado en toda Europa, y principalmente en Alemania (20% de los votos) y en Francia (13%), un resultado electoral inédito. Con más de 70 eurodiputados en total, podrán influir durante cinco años en las decisiones políticas del continente. "Es una legislatura en la que podemos conseguir cambios reales: para la protección del clima, y por una Europa social, más democrática, con derechos reforzados", dijo el día siguiente de las elecciones, Ska Keller, cabeza de lista del grupo parlamentario de los ecologistas y candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Un cambio en el que quieren creer también los activistas del People's climate Case.

Translated from Climat : quand des citoyens attaquent l’Europe