“¿Otra oportunidad perdida?”

Published on April 7, 2003

Story by

ana mohedano

La Convención Europea, el foro creado para institucionalizar el Debate sobre el Futuro de la UE y sus posibles reformas, ha entrado en la fase final de sus trabajos. Tras escuchar las propuestas de la ciudadanía, instituciones, gobiernos, juventud y 11 grupos de trabajo temáticos de la Convención, ha llegado el momento de tomar decisiones, de poner coherencia entre los objetivos y los medios de nuestra Europa.

Un método de trabajo discutible

No es sencillo encontrar el acuerdo. A los meses de aportaciones de nuevas propuestas, hay que añadir las variadas, y en muchas ocasiones contradictorias, visiones particulares de los 118 miembros de la convención, impregnadas, a su vez, de la perspectiva de cada uno de los estados, partidos, grupos de trabajo e instituciones a las que representan.

Recogiendo esta caleidoscópica panorámica de Europa, el Praesidium de la Convención presentó el pasado 28 de octubre un proyecto de Constitución para la UE, que está siendo debatido por los convencionales en la actualidad. Este proyecto se divide jurídicamente en dos bloques; por un lado se recogen los 40 artículos dedicados a los Objetivos de la Unión, Ciudadanía, Derechos Fundamentales, Competencias, Instituciones, Finanzas, Democracia, Asuntos Exteriores y Procesos de Adhesión. Un segundo bloque contiene las políticas comunitarias en 23 artículos. Ninguna de las aportaciones previas es vinculante para este momento del Debate, ni siquiera las de los Grupos de Trabajo. Todo es, de nuevo, discutible.

Era obvio que este borrador no convencería a todos los convencionales. Lo que no era previsible es que sólo a los primeros 16 artículos del proyecto se presentaran más de 1000 enmiendas. La metodología de trabajo de la Convención está asentada en el consenso. Las votaciones no se realizan por número de votos, sino que es necesaria una amplia mayoría del plenario. No se trata de unanimidad, sino de posiciones ampliamente aceptadas. El Praesidium agrupa temáticamente y por artículos las enmiendas, y más tarde, en las sesiones plenarias, los oradores y oradoras las defienden en público. El Praesidium es responsable de encontrar el punto de consenso.

No es difícil imaginar por qué se han tenido que habilitar sesiones adicionales de la Convención. No sólo los debates se alargan indefinidamente, sino que las negociaciones políticas requieren de un proceso. Al no tomarse las decisiones por número de votos, se potencian las negociaciones informales entre convencionales a la vez que se está reforzando el papel del Praesidium como última instancia en la toma de decisiones. La fecha de finalización de los trabajos, en un principio prevista para este año, se aleja cada vez más.

Parece lógico preguntarse la razón de ser de este sistema que está llamado a eliminar las deficiencias de la UE, pero que en la práctica no es más que un reflejo de estos mismos problemas. Este mismo método, en un primer intento de superar la intergubernamentalidad en la toma de decisiones, ya fue usado en la Convención para la Carta de Derechos Fundamentales, y reveló las mismas deficiencias que en la actualidad, sin que haya sido mejorado.

El modelo de la Convención es un mero paso previo a la decisión gubernamental, en la creencia de que una reforma que haya sido consensuada por este amplísimo abanico de ideologías será más fácilmente aceptada por los gobiernos de los estados miembros, decisión que ha de tomarse por unanimidad. Si en este proceso se permite, además, intervenir a los sectores más críticos, como puede ser la juventud o la sociedad civil, el éxito parece asegurado. La ciudadanía recibe periódicos “globos sonda” en los que parece crucial su intervención. No son más que detalles, en ocasiones triviales, que conciencian a la ciudadanía de los cambios que se avecinan y que aparentan que la opinión del “gran público” es esencial. Jurídicamente no son relevantes ni las opiniones de la ciudadanía ni tan siquiera las de los convencionales. Se trata de un proceso de sondeo, un complejo y caro sondeo, por el que los gobiernos se asoman a las opiniones existentes antes de tomar su decisión. La única que, a efectos legales, tiene valor.

Un poco más tarde de lo previsto, la Convención cerrará sus trabajos adoptando un texto final. Este anteproyecto será presentado por el Presidente D’Estaing ante el Consejo Europeo del segundo semestre de este año. Según el art.48 del Tratado de la UE sólo la Conferencia Intergubernamental del 2004 será competente para adoptar esta Constitución Europea. Serán, por tanto, de nuevo las Jefaturas de Estado y de Gobierno las que tomen la última decisión.

Parece claro que se trata de una Constitución para Europa. En derecho, para redactar una Carta Magna necesitamos un Constituyente, quizá representado por la Convención extralimitándose en su mandato y un demos europeo, que apruebe por referéndum el texto. Me parece dudoso que se lleve a cabo esta última medida. Sería muy arriesgado, ya que los Gobiernos Europeos pueden enfrentarse a la negativa de la ciudadanía. Parece derivarse de los debates que se aprobará un Tratado Constitucional por los gobiernos, pero ante la ciudadanía europea se presentará como Constitución. Es una operación más de mercadotecnia.

Al margen de los problemas jurídicos de fondo que presenta, el principal reto al que se enfrenta este proceso es de tipo político. Son numerosos y muy serios los problemas a los que la Convención va a tener que hacer frente en los próximos meses. No me atrevo a adivinar cuáles serán los resultados. Una y otra vez hemos fracasado en el intento de crear una Europa Ciudadana, más allá de la económica. Dentro del actual panorama internacional nos sería muy difícil que este proceso se repitiera en un futuro próximo. Sólo espero que no fracasemos esta vez.

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ana mohedano