"Nos hemos sumado al cambio"

Published on January 25, 2012

Barcelona

Sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos es si la política a seguir va a ser distinta a la conocida hasta ahora, con interminables vaivenes y tumbos de una política a otra, pero que parecen no convencer ni a los propios impulsores de las mismas. Si nosotros mismos no tenemos claros nuestros deberes y no los hacemos, es evidente que alguien deberá reconducirnos por el buen camino porque como se dice “las cosas no son gratis”, y no lo son por la simple misma razón por la que existe la economía, porque los recursos de este planeta son limitados.

Volviendo al tema que nos concierne, más allá del color e ideologismo que abanderan los partidos españoles, los hechos arrojan una situación dramática que requiere de medidas inmediatas, pues la economía global en la que vivimos no esperará a que a todos los sectores y agentes sociales de este país estén conformes con la solución para seguir adelante.

Una de las asignaturas pendientes del nuevo gobierno español es el sector público, entendido en su amplia mayoría, debido a su funcionamiento rígido e ineficiente. Huyendo de la crítica mayormente utilizada, aunque no por ello falta de razón acerca de la sobredimensión de empleados o la duplicidad de funciones, cabe destacar la ineficiencia del sistema presupuestario español, comparado con el de la mayoría de países europeos, así como Japón, Australia o EE.UU.

Veamos primero, pues, que caracteriza al sistema presupuestario generalizado en Europa (Presupuesto por programas o cumplimiento), sus ventajas y el porqué debería ser aplicado en España. En primer lugar, se trata de planes sobre las cuentas nacionales con carácter plurianual con lo que obliga a considerar el coste de oportunidad, es decir, de dónde sacar el dinero para invertir en nuevos  proyectos o iniciativas  (“Mayor información sobre objetivos y prioridades”) ya que en un presupuesto cerrado no se permiten ampliaciones de crédito a costa de pedir más crédito o generar déficit en las cuentas de la administración, lo que implica una pérdida de libertad del político, ya que debe explicar de dónde se saca el dinero para un nuevo proyecto evitando así, caer en el populismo (“Más transparencia”). Además, fija objetivos por desempeño lo que deriva en sistemas de control enfocados a la evaluación de resultados. Este se fija tanto en la eficacia como en la eficiencia de los recursos asignados y favorece la buena gestión (“Aquellos con un mejor rendimiento y más eficiencia a la hora de elaborar sus programas serian recompensados, mientras que los menos eficientes serian penalizados con menos recursos en los siguientes ejercicios”). Por último, cabe destacar la descentralización de la política de RRHH y contratación de bienes y servicios (control ex -post). Una de las características que más podría llamar la atención de los españoles es el hecho de que, contrariamente a lo que ocurre en nuestra “particular” administración, en estos países, con este sistema presupuestario, cuando hay elecciones solo cambia el ministro de turno, no lo hacen, como ocurre en España, los afines al partido ganador en todos los estamentos administrativos (directivos, cargos intermedios, técnicos, hasta los contratados a tiempo parcial en el ministerio), permitiendo una mayor estabilidad en la institución, así como más incentivos a realizar bien el trabajo, pues no depende de qué partido gobierne el hecho de desempeñar un cargo ni tampoco se da el fenómeno conocido como “amiguismo” o “enchufe laboral”.

Después de conocer, en mi opinión, hacia dónde debería dirigirse el funcionamiento de la administración pública española, veamos, brevemente, los principales problemas de ésta.

En primer lugar, la organización muy centralizada conlleva decisiones fijas e inadaptadas a las necesidades territoriales características de nuestro país, con lo que las necesidades reales de los ciudadanos no son cubiertas eficientemente. Sólo preocupa equilibrar las necesidades del mayor número de votantes para que en las próximas elecciones el partido gobernante salga el menos perjudicado posible, sin importar la desigualdad en necesidades por población a nivel territorial. Por otro lado, no se pueden trasladar incentivos (positivos y negativos) a los funcionarios. Por ejemplo, el reparto de una prima por buen rendimiento en un departamento debe hacerse de modo que todos reciban la misma cantidad, aunque su trabajo diste mucho en cuanto a lo que eficiencia se refiere, ya que el directivo encargado de dicho departamento no tiene potestad legal para dictaminar diferencias salariales entre trabajadores del mismo rango debido a la rigidez del sistema y al modelo garantista (procedimientos muy reglados, sin flexibilidad y sin controles de resultados), que se ejerce en la administración española. Preocupa más que se cumpla a rajatabla la normativa legal, aunque ello implique peores resultados y malversación de recursos públicos.

Queda patente, pues, que todavía hay mucho margen para mejorar nuestra administración que pasaría por hacerla más flexible, dar más capacidad de ajuste y maniobra a los cargos intermedios, que en última instancia son los que conocen a fondo los problemas y necesidades en cada nivel y/o departamento, así como poder trasladar una política de incentivos eficiente a los empleados públicos. No obstante, eso no significa tener que ajustar las cuentas mediante incontables despidos o reducción de recursos sin sentidos. Bastaría con realizar un análisis de qué gastos o servicios son estrictamente necesarios por su relación coste-beneficio social, su rentabilidad para con el país y sus ciudadanos y no creernos nosotros, los ciudadanos, que el Estado debe proveer de todo y a todo el mundo porque es nuestro derecho, simplemente por haber nacido en este país. Los derechos hay que ganárselos porque también existen deberes que deben ser cumplidos para poder exigir, a cambio, dichos derechos.