La lucha contra el terrorismo: un complicado ejercicio de malabarismo.
Published on
Story by
anastasia doukaki
Translation by:
cristina de leon
Desde el 11 de septiembre, la Comisión Europea ha estado caminando en la cuerda floja, dudando entre proteger a Europa del terrorismo o pisar las libertades civiles.
El terrorismo no es nada nuevo para la UE. Varios grupos terroristas han estado en activo en su esfera geográfica, entre ellos, el IRA en Irlanda, el movimiento 11 de Noviembre en Grecia y la Brigada Roja en Italia. La UE ha adoptado varias leyes y medios legales durante la última década para combatir el terrorismo. Pero se ha demostrado que la mayoría de estas medidas son sólo retórica.
La competitiva legitimidad de la UE la limita a la hora de aprobar recursos legales que podrían provocar la oposición de la población. Antes de los atentados del 11-S, la UE había preparado a puerta cerrada diez propuestas que habrían mejorado la creación de un sistema legal y de control común para toda la UE. Los atentados de Nueva York, junto con la creciente preocupación ciudadana, le dieron a Bruselas la oportunidad de poner en vigor unas propuestas legales que no solo se aplicarían a los supuestos terroristas.
Primeros pasos tras la indignación
Después del 11 de septiembre, la UE expresó inmediatamente su solidaridad con los EE UU y puso en marcha bajo el Plan de Acción del Consejo Europeo de Bruselas del 21 de septiembre de 2001, que son una serie de medidas, como por ejemplo la creación del EurojustOrganismo europeo para el refuerzo de la cooperación judicial. Sin embargo, cierto número de esas medidas han resultado ser ineficaces. En particular, la Orden Europea de Arresto, que reemplaza en principio a los procesos de extradición por crímenes de determinada gravedad, puesta en vigor el 1 de enero de 2004, y aún no implementada en todos los estados miembro.
Las bombas de Madrid y el consiguiente informe de la Comisión, subrayaron el hecho de que la respuesta de la UE al terrorismo ha sido limitada. La ineficacia de la UE se ha atribuido a la falta de ejecución y de buena voluntad por parte de los estados miembro para participar en equipos de investigación conjunta, que implica la entrega de información “delicada” y quizás parte de su soberanía a Bruselas ya que a veces la centralización es necesaria para lograr una mayor cooperación. Como resultado, los estados miembro suelen preferir acuerdos bilaterales (de manera que pueden elegir sus socios) o incluso las acciones unilaterales. El Reino Unido, por ejemplo, adoptó su propia ley sobre seguridad, delincuencia y antiterrorismo. Tras los atentados de Madrid, Antonio Vitorino, comisario europeo responsable de Justicia y Asuntos Internos, hizo énfasis en la necesidad de una mayor cooperación a nivel europeo y propuso el intercambio de información entre los estados miembro como clave para combatir el terrorismo.
Tras la cumbre sobre la lucha contra el terrorismo del 22 de marzo celebrada en Madrid y el encuentro del 25 y 26 de marzo del Consejo Europeo de Bruselas en el que analizaron el problema del terrorismo, la Comisión Europea propuso nuevas medidas para mejorar el intercambio de información en la UE y así facilitar el trabajo de los servicios antiterroristas. La propuesta de la Comisión amplía la esfera del intercambio de información que concierne a todos los actos terroristas. A partir de ahora, el intercambio de información se aplicará a todas las fases de los procesos, incluyendo las condenas criminales, que pueden ser muy útiles en las investigaciones.
Un futuro incierto
Pero para que estas medidas sean eficaces, la UE tiene que abordar primero la cuestión de la renuencia de algunos de sus miembros a ceder su soberanía en determinados asuntos delicados. Tiene que ser consciente de su potencial por ser un poder político importante y trabajar por ese objetivo, en lugar de desarrollar un marco aún más complejo de instituciones que solo empeorarían el déficit democrático y, como resultado, cuestionaría su legitimidad como actor internacional.
La mayoría de las propuestas de la UE relacionadas con la justicia y los asuntos internos se presentaron después de los ataques del 11-S, y después de que la propia Europa fuera atacada el 11 de marzo se tomaron más medidas. Pero ya que el cometido de la UE es defender los derechos humanos y los actos democráticos como restricción a la introducción de unas medidas de vigilancia de tipo “Gran Hermano”, han surgido críticas, visto que la UE y los estados miembro explotaron el ataque para introducir nueva legislación que de otra forma hubiera sido imposible de imponer en una sociedad democrática europea. La propuesta de introducir documentos de identificación biométricos en el Reino Unido es un ejemplo. Sin embargo, la UE estaba ya implicada en la introducción de medidas de seguridad adicionales (como las propuestas de Maastricht) incluso antes de los ataques de Nueva York. También se han criticado estas medidas por no tener en cuenta los derechos y las libertades humanas.
Los pasos adoptados para mejorar la cooperación judicial en asuntos criminales para combatir el terrorismo no deben ser subestimados, ya que significan un intento por parte de la UE de transformarse en un enano político dentro de un área de cooperación política eficaz en asuntos críticos. Aún queda por ver si será eficaz en este sentido sin tener que saltarse las libertades de los ciudadanos europeos.
Story by
Translated from Fighting Terrorism: a Delicate Balancing Act