La historia y la memoria bajo la ley (3/6)
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A propósito de las leyes de la memoria histórica y sus usos Por Guillaume Delmotte Traducido por Rebeca Santamarta « En esta tierra hay una cosa espantosa: todo el mundo tiene sus razones » (Octavio en La regla del juego, Jean Renoir, 1939)
Un decreto de febrero del 2006 abolió la parte de litigio del Art.
4 de la Ley del 23 de febrero del 2005 referente al papel positivo de la presencia francesa en ultramar. Por otro lado, la misión parlamentaria de información sobre cuestiones de memoria ha concluido recientemente en su informe («Unir a la Nación alrededor de una memoria compartida”) que la Asamblea Nacional sólo debe votar las leyes que califican hechos pasados de genocidio o crímenes contra la humanidad . Según este informe, el Parlamento solo se expresará por la vía de las « resoluciones » cuando deba pronunciarse sobre lo que se refiera a la historia.
La asociación Libertad para la historia se felicitó por estas conclusiones aunque se mantiene prudente sobre la suerte que correrá este informe.
Es interesante remarcar que, a lo largo del año 2008, dos historiadores conocidos por sus trabajos sobre la historia de la Ocupación y de la Segunda Guerra Mundial, Henry Rousso y Annette Wieviorka, se unieron a esta asociación. Los dos estaban, al comienzo, en desacuerdo con los firmantes de la petición Libertad para la historia en cuanto a la apreciación que debía hacer sobre la Ley Gayssot.
Para Henry Rousso, esta Ley revela la « situación de facto » de una « herencia histórica que hay que asumir” en la medida en que la negación del Holocausto se ha convertido, “en algunos países, en una ideología de Estado (especialmente en Irán)”. No es oportuno, según él, suprimirla. Su adhesión a la asociación Libertad para la historia está motivada por lo que se podría denominar una ética de la profesión histórica, fundada sobre “la razón, el saber, la distancia”. La disciplina histórica estaría amenazada a la vez por “conflictos ideológicos” en su seno y (este segundo punto también lo aborda Pierre Nora, presidente de Libertad para la historia) por la competencia de otras partes interesadas de la historia: el legislador, el juez, el periodista, el militante de una u otra causa o, también, el testigo, la víctima. Para Annette Wieviorka, la Ley Gayssot no obstaculiza la libertad del historiador, pero adheriéndose a la asociación, esta historiadora especialista en el Holocausto, entiende, siguiendo a Henry Rousso,en marcar su apoyo a una disciplina en la que la especificidad estaría en peligro por una “presión social y mediática” que marginaliza “todo recital crítico del pasado”. Wieviorka desea también que la asociación se abra a otras sensibilidades que surgen en el seno de la profesión. En efecto, hay muchas otras « sensibilidades » en el seno de la comunidad de historiadores. Así, el historiador Gérard Noiriel, uno de los fundadores del Comité de vigilancia frente a los usos públicos de la historia, prefiere hablar de “autonomía de la historia”: “no nos parece anormal ni antidemocrático que la política intervenga en cuestiones del pasado (…). A propósito de la Ley Gayssot no encontraba escandaloso que la política haga respetar las nociones esenciales que figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No puede pretenderse impedir al legislador intervenir sobre lo que se relaciona con la memoria. Pero la línea roja se traspasa cuando la política se quiere mezclar con la investigación y la enseñanza de la historia… Antes de suprimir algunos artículos de las leyes de la memoria, hay que preguntarse por las reacciones que podrían tener los grupos sociales o de presión de la memoria a los que afectan estos textos (…) La única ley de memoria histórica que toca también la enseñanza de la historia, es la Ley Taubira al indicar que los programas escolares y de investigación deber “dar la trata de negros y a la esclavitud el lugar que merecen. Pero no pide a los profesores un juicio positivo o negativo sobre estos hechos. En este sentido, no se puede poner el Art.4 de la Ley del 23 de febrero de 2005 en el mismo lugar que las otras leyes”. Gérard Noiriel advierte sobre los efectos cívicos de la abolición de algunas leyes de memoria: “Imaginad que el legislador da marcha atrás en la Ley Taubira: sabemos muy bien los problemas que esto supondría en relación a los habitantes de las Antillas y otras personas originarias de regiones de ultramar. Nosotros, los historiadores, nos encontraríamos en el medio de la mêlée. Y no podríamos conservar más esta preciosa posición: la autonomía” (L´Express, 2 de febrero de 2006).