La historia y la memoria bajo la ley (2/6)
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A propósito de las leyes de la memoria histórica y sus usos Por Guillaume Delmotte Traducido por Rebeca Santamarta
La petición « Libertad para la historia » parece más convincente frente a la Ley del 29 de enero del 2001, que reconoce el genocidio armenio.
En efecto, en la práctica, el punto de saber si las masacres cometidas contra los armenios en 1915 por el Imperio Otomano pueden ser calificadas de « genocidio » (entendido como la destrucción metódica de un grupo étnico) está en el debate e historiadores como Gilles Veinstein han formulado reservas a este respecto, reservas que, por otra parte, han indignado a la crítica – nos podemos referir aquí al punto de vista expresado por Pierre Vidal-Naquet sobre el “asunto Veinstein” publicado en Le Monde el 3 de febrero de 1999: “Sobre el negacionismo imaginario de Gilles Veinsteinr”. Por otro lado, es importante observar que, contrariamente a los crímenes perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial, las masacres de armenios en 1915 no fueron calificadas por un tribunal competente con « genocidio » o «crímenes contra la humanidad ».
En cuanto al Art.2 de la Ley del 21 de mayo de 2001 y al Art.4 de la Ley del 23 de febrero de 2005, ambos disponen que la investigación y la enseñanza de la disciplina histórica deben poner en el « lugar que se merecen » los hechos en cuestión. Pero hay una diferencia entre estas dos leyes. Si la Ley de 2005 entiende claramente juzgar (positivo en la práctica) sobre la presencia francesa en ultramar (especialmente en África del Norte) y ordena a docentes e investigadores para que vayan en este sentido, restringiendo de manera radical su libertad, por el contrario, la Ley de mayo del 2001, relativa a la trata y esclavitud, que califica por ley estos hechos como crímenes contra la humanidad, no prescribe, para los programas escolares y de investigación, una orientación particular, positiva o negativa. Sin embargo, hay que remarcar que los dos textos obligan a la comunidad de historiadores a hacer justicia sobre una demanda social de valorización de una memoria.
En marzo de 2005, un grupo de historiadores, entre los que se encontraba Gérard Noiriel, director de estudios en el EHESS (NdT: Escuela de altos estudios en ciencias sociales), habían solicitado también la derogación de la Ley del 23 de febrero “porque impone una historia oficial, contraria a la neutralidad escolar y al respeto de la libertad de pensamiento que están en el corazón de la laicidad, ya que, considerando sólo el “papel positivo” de la colonización, se impone una mentira oficial sobre los crímenes y masacres yendo a veces hasta el genocidio, a la esclavitud, al racismo heredado del pasado”. Gérard Noiriel (firmante de la petición de marzo de 2005 contra la Ley del 23 de febrero de 2005 pero opuesto a la de diciembre que reclamaba la “Libertad para la historia”) recuerda como consecuencia de Marc Bloch, el criterio fundamental que permite separar memoria e historia: “La ciencia histórica se sitúa al lado del pasado, mientras que la memoria se gira siempre hacia el juicio” (Le Monde de l´éducation, febrero de 2006). Marc Bloch criticaba entonces esta “manía del juicio”- este “satánico enemigo de la verdadera historia” – que había visto en la mayoría de sus compañeros. El papel de la historia científica, como se ha desarrollado desde comienzos del siglo XX (con los trabajos de François Simiand, y los posteriores de Marc Bloch y de Lucien Febvre), no sabría consistir ni arbitrar entre memorias ni a establecer informes ni a hacer juicios de valor. No obstante, los historiadores cubren igualmente una función cívica, restituyendo al mundo social los resultados de sus trabajos y esto de la manera lo más libremente posible.
Para concluir (provisionalmente)
A mi juicio, la petición de los historiadores habría debido excluir la Ley Gayssot y tener en cuenta
- la Ley del 29 de enero de 2001, cuenta obligada, por una parte, del debate que continúa anima la comunidad de historiadores profesionales sobre el punto de saber si se puede hablar de “genocidio” en lo que se refiere a la matanza de poblaciones armenias y por otra parte, de la ausencia de decisión de una jurisdicción internacional;
- las leyes del 23 de febrero de 2005 y del 21 de mayo del 2001, en la medida en que solo los historiadores profesionales pueden decidir la orientación de la investigación y de la enseñanza en la historia, definiendo, ellos mismos, lo que deben buscar y lo que deben encontrar. La República no sabría convocar una historia cuya función social sería menos cívica como oficial.
Escultura y foto: © Michel DELMOTTE. Apacible - Envidioso. Porcelana 2002