España sigue descentralizándose
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pablo faura
La nueva propuesta de Estatuto catalán que se discutirá el 2 de noviembre en las Cortes, muestra que el debate descentralizador vuelve a pegar fuerte en España.
El próximo 2 de noviembre se discutirá en el Congreso de los Diputados español el texto aprobado por el 88% del Parlamento catalán mediante el cual se propone a las Cortes Españolas la reforma de su Estatuto de Autonomía, adoptado en 1979. El contenido de esta propuesta, que supone una alteración sustancial del régimen actual y cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por algunos sectores sociales fuera de Cataluña, se ha convertido en el centro de la discusión política en España, donde el partido en el Gobierno se apoya en los votos del nacionalismo catalán.
El “Estado de las Autonomías”, producto del pacto constitucional de 1978, diseña un sistema con claras notas federalistas pero que otorga al Estado la potestad de aprobar los estatutos de autonomía de cada comunidad. Sin embargo, la trascendencia de la reforma propuesta se basa en que su adopción puede implicar o no -según las diversas interpretaciones de los actores políticos y de los juristas- una modificación de varios puntos esenciales del ordenamiento constitucional común en materias como financiación o justicia.
Uno de los rasgos más polémicos se plantea con el artículo que define a Cataluña como una nación. Esto, que para algunos es una realidad insoslayable e irrenunciable en virtud de sus rasgos culturales y lingüísticos claramente diferenciados y de unas instituciones con origen en la Edad Media abolidas por la fuerza en 1714, para otros supone la negación de la existencia de España como unidad. Sin embargo, el debate que subyace detrás de esta cuestión es la aceptación definitiva por toda la sociedad española de la realidad históricamente compleja y pluricultural de España y si de esta realidad pudieran derivarse derechos de otro tipo.
El dinero también importa
El endeudamiento de las Comunidades Autónomas es grande. Por ello, lo que más voces de alarma suscita y donde se sitúa el núcleo del problema es, sin duda, en la reforma del sistema de financiación de la Administración Autonómica. De implementarse la reforma, la Administración Autonómica será la encargada de recaudar todos los impuestos devengados en Cataluña, entregando después al Estado la parte que corresponda. Asimismo, la reforma prevé la limitación de la cuota que Cataluña aporta para el desarrollo de otras regiones de España.
Esta posición tiene su fundamento en los datos macroeconómicos de la Comunidad de los últimos años. Así, se puede constatar cómo la economía catalana está en el grupo de las que más aporta al Estado, pero se percibe una creciente desaceleración del crecimiento y una pérdida de competitividad que la están acercando a la media española. Los grupos políticos catalanes argumentan sobre esta base que no es razonable exigir a Cataluña contribuir a la solidaridad territorial hasta el punto de limitar su propio crecimiento.
En contra se han posicionado, lógicamente, los presidentes de Andalucía y Extremadura, las comunidades más pobres de España y cuyas cifras macroeconómicas son inversas a las catalanas, dando muestra de una alta competitividad de sus economías.
Pero, en definitiva, y al margen del uso partidista de los sentimientos nacionales que a veces se da en el debate político, la polémica creada ha venido a demostrar que el debate sobre la configuración territorial de España aún sigue abierto. Siendo este país uno de los más descentralizados de Europa, hace pensar que los restantes proyectos de descentralización en el continente puedan seguir recorriendo camino durante décadas.