España, entre David y Goliat
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laura sali
Ni grande, ni pequeño. Así podría resumirse muy sencillamente el dilema laberíntico en que se encuentra España en torno a algunos puntos clave del borrador de la futura Constitución europea.
Países grandes contra pequeños. Desde que se dio a conocer el borrador de la futura carta magna europea –que cuenta con 1 preámbulo, 460 artículos y 5 protocolos-, los países de menor envergadura y poderío iniciaron una contienda dialéctica a los efectos de equilibrar la distribución de fuerzas en este tablero de ajedrez. España, consciente de sus limitaciones, y viendo peligrar su capacidad de decisión, ha aplicado una estrategia bipolar. Mientras apoya iniciativas de los grandes, impulsa contraataques de los pequeños que favorecerían su situación.
La reforma en el peso de votos en el Consejo ha sido la discusión más agitada. De acuerdo al artículo 24 de la Primera Parte del borrador, habrá un nuevo sistema de votaciones que se pondría en vigencia a partir del 2009. De aprobarse, las decisiones serán tomadas por una mayoría de Estados que representarán al menos a tres quintos de la población de la UE, es decir, el 60%. No hace falta meditar demasiado para concluir que los más beneficiados serán los más poblados, como Alemania, que cuenta con 82 millones de habitantes, y en detrimento de los que cuentan con menos peso demográfico, como España o Polonia.
Es que así, España y los países pequeños perderían terreno frente a los más grandes. Y, aunque es considerada en muchos otros puntos como un país “de peso”, en lo que respecta a la toma de decisiones podría salir muy perjudicada. Sobre todo porque, teniendo en cuenta la población de la península ibérica, mermaría su capacidad de voto y así le sería prácticamente imposible bloquear acuerdos de los grandes.
Sin embargo, y contra las expectativas, España no acompañó en junio pasado la declaración suscrita por los 15 países pequeños para rechazar la distribución de poder plasmada en el texto elaborado durante un año y medio por la Convención que preside el francés Valery Giscard d’Estaign, aunque hizo un guiño de apoyo. Un juego de equilibristas.
Niza: la baza de Aznar
El argumento de acero esgrimido por el presidente de gobierno español, José María Aznar, para evitar un “descalabro” de poderes ha sido el acuerdo de Niza firmado en diciembre del 2000 “con el que todos estábamos de acuerdo”.
Por aquel entonces, Aznar logró en Niza, justamente, que en el reparto de los votos en el Consejo España tuviera 27, sólo dos menos que los cuatro países más grandes. Con esta distribución, España podría bloquear con facilidad -gracias al apoyo de algunos países medianos y pequeños-, acuerdos de los países más grandes, una opción que no tendría con la nueva fórmula.
Mientras el nuevo proyecto de constitución pretende anular este reparto de votos, los pequeños ansían que se discuta una nueva distribución de escaños en la Eurocámara. Londres, aliado táctico de España en la Convención, le ha dado un tibio apoyo, y también se ha mostrado a favor de un nuevo debate. Pero España no da el brazo a torcer y asegura que no negociará otra opción distinta a la de Niza. Y parece que irá con todas las de perder.
Puertas adentro de España, no obstante, la discusión sobre este punto se resume en “bloquear o no bloquear” y enfrenta a oficialismo y oposición en choques verborrágicos circulares. Mientras los miembros del partido gobernante (PP) insisten en que España no debe perder terreno, el PSOE defiende la enmienda con el argumento de que “así cada país tendrá un peso más equivalente a su peso demográfico”.
“España ha actuado como un gobierno nacionalista preocupado por el poder de voto”. Esta acusación, de boca de Diego López Garrido (miembro del PSOE que participó de la Convención) refleja los antagonismos partidarios incluso de cara a la posición del país dentro de la UE.
Religión y presidencia
Otro punto que ha enfrentado a España con la mayoría de los miembros de la UE ha sido la inclusión explícita de la religión católica en el preámbulo de la Constitución. Allí se indica que la Carta Magna está inspirada en las “herencias culturales, religiosas y humanitarias”... pero no en la “herencia cristiana”.
Así las cosas, todo indica que Aznar va camino de quedarse solo en esta batalla, puesto que a estas alturas apenas lo acompañan los líderes de Irlanda y de Polonia.
En este juego político de equilibristas, ha quedado a la luz que España no siempre acompaña a los pequeños y araña poder para plantarse del lado de los más poderosos. Al plantearse la discusión sobre la designación de un presidente de la UE, el gobierno ibérico se alineó con los grandes, es decir, con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
De esta forma, todo parece indicar que, una vez aprobada la Constitución, se pondrá fin a las presidencias semestrales vigentes hasta ahora, y se designará un presidente estable durante cinco años.
España y los grandes apoyan esta modificación para evitar presidir la Unión cada 13 años, que es el periodo de rotación que regiría tras la ampliación. Justamente, por las razones opuestas, los pequeños se oponen porque prefieren el turno semestral equitativo.
Esto queda planteado en la composición de la Comisión, donde también España decide con los grandes. Actualmente, cada país tiene un comisario en este organismo –los cinco grandes, dos-, donde se vota por mayoría. Para agilizar los trámites, se propone que haya solo 15 comisarios junto a “comisarios delegados” sin cartera. Los pequeños se oponen por privárseles de un derecho que han tenido los socios actuales. Y temen que les toque ocupar los cargos sin cartera.
En este panorama tan ecléctico de posicionamientos en el mapa europeo, queda a la vista que Madrid intenta apoyarse en su alianza con Londres para pisar más fuerte. Como en el debate sobre la existencia de un ministro de Exteriores, que ha encendido otra mecha en la discusión sobre la futura Carta Magna.
Contra el resto de la Unión, España y Reino Unido se oponen a esta figura y se inclinan, en todo caso, a que haya un representante exterior europeo porque enfatizan que el hecho de que en carácter de ministro presida el Consejo de Exteriores implicaría otorgarle demasiado poder. A lo sumo, aceptarían esta figura si tuviera pocas competencias y dependiera más del Consejo (gobiernos) y menos de la Comisión.
A pocas semanas de la reunión de la CIG, la táctica española está planteada. Aunque con pocas esperanzas, este juego a varias puntas podría proporcionarle el triunfo en alguna batalla cuando se siente a negociar con el resto de la UE el próximo 4 de octubre. Eso sí, haciendo equilibrio entre David y Goliat. Aunque, lejos del final emblemático de la leyenda, es muy probable que los pequeños, esta vez, no salgan triunfantes.