EL PAÍS VASCO: DERECHOS CIVILES POR DERECHOS HUMANOS

Published on February 11, 2003

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antonio asencio guillén

Hace poco, el Parlamento de Illinois se pronunció a favor de la autodeterminación del País Vasco, y en Argentina sectores democráticos estuvieron coqueteando con la misma propuesta, a raíz de los viajes que el lehendakari Ibarretxe ha efectuado por el mundo amén de explicar su plan soberanista y comenzar a pergeñar un estatus y reconocimiento internacional para lo que será, según su idea, el futuro Estado Vasco. Es muy probable que en sus explicaciones a los dirigentes foráneos Ibaretxe incluya una serie desglosada de los agravios y perjuicios que el Estado Español causa y ha causado al País Vasco, sin faltar recorrido histórico por las destructivas monarquías españolas, que se cebaron alevosamente con su Región, para rematar con el linchamiento cultural, humano y social que supuso el franquismo, diseñado en contra única y exclusivamente de los vascos (su industria se edificó a pesar del régimen totalitario) e impulsor de una visión única de España (toros y olé) que por otra parte, defiende ahora el nacionalismo separatista como excusa de su diferencia y como argumento de la negación de una España plural, en tanto que negación de España.

Pero la peor acusación, cuando los nacionalistas esgrimen sus argumentos, es la asociación de España con la idea del atropello de los Derechos Humanos a su etnia.

Da la casualidad de que una de las luchas más cruentas, más trágicamente paradójicas, que se desarrollan en el País Vasco, es la batalla ideológica por la “gestión” de los Derechos Humanos (si es que este concepto puede ser susceptible de gestión, acaso por una supuesta idea de Estado totalitario). Pues bien, alrededor del complejo de ETA y Batasuna se desarrollan una serie de actividades dentro de lo que se podría denominar “lucha por los Derechos Humanos”, o gestión de los mismos: acusaciones al Estado Español de continuas violaciones y apoyo a los presos y a sus familiares. Este aparato de propaganda infame lleva años denunciando las supuestas torturas que los policías españoles ejercen a miembros de ETA. Caminando por el casco viejo de Bilbao –las no exentas de encanto “7 calles”- llegué a ver, con cierta perplejidad, muros con una amalgama surrealista de carteles, imposible collage de lo que es España, que mezclaban anuncios de la próxima actuación de Mari Fe de Triana (conocida tonadillera folclórica) junto con pósters que denunciaban, con explícitas fotografías de espaldas amoratadas y piernas sanguinolentas, las torturas de los “españoles” a los “vascos”. Detrás de esta propaganda que no se ve en el resto de España pero que inunda las callejuelas húmedas de los barrios viejos del País Vasco, están las Gestoras Pro Amnistía.

Estas organizaciones, que denuncian los supuestos atropellos a los Derechos Humanos que sufren los miembros de entorno abertzale y reclaman el reagrupamiento de presos en cárceles cercanas, son una herramienta imprescindible para el plan terrorista porque, en primer lugar, dan cobertura social a los familiares de etarras encarcelados y retroalimentan ideológicamente el rencor y el odio en este entorno que termina por no buscar la inserción social de sus allegados, sino que apoya la continuidad en la lucha. Junto a este apoyo moral a los familiares de etarras, las Gestoras desarrollan una labor de propaganda que, vista fuera de España, ofrece en ciertos sectores (pensemos en el sur de Francia) empatía y garantizan el apoyo internacional por parte de minorías a miembros de ETA. No olvidemos que ETA tiene en Francia gran parte de su estructura y que en los recientes desmantelamientos de comandos tiene mucho que ver la vuelta de tuerca en la política antiterrorista francesa, en parte acelerada por el clima de miedo internacional tras el 11S.

Obviamente, las acusaciones de Gestoras no solo son indemostrables, sino que son rigurosamente falsas, pero juegan con la “ilegitimidad” que ellos atribuyen al Estado Español para evitar lo que sería una acusación por la vía judicial. Ellos sí pueden gestionar los Derechos Humanos de sus víctimas, vecinos de sus pueblos, concejales de ayuntamientos y periodistas. Todos ellos vascos, con apellidos vascos en su mayoría. Amenazas, secuestros, extorsiones, destrucción de bienes particulares y por supuesto todos los asesinatos de que son capaces han conducido al Juez Garzón a acusarlos de crímenes contra la Humanidad, pero si nos limitamos analizar su actuación observamos cómo las tesis del entorno abertzale no encajarían ni si quiera dentro de un planteamiento ideológico cuya conciencia estuviese orientada hacia la autodeterminación como resultado de la conceptuación de un derecho inalienable de los pueblos a escoger su propio destino. Los Derechos Humanos surgen como defensa del individuo frente al “pueblo”, a lo colectivo, sitúan al ser humano en el centro de su filosofía y como sujeto último de derechos inalienables: el derecho a la vida, a la libertad de expresión... Estos derechos son anteriores a los derechos colectivos, carecen de la relatividad de que son sujetos los “pueblos”, cuya entidad es difusa e indemostrable y cuya identidad es sinónimo de homogeneización y socialización de individuos envueltos en el aura común. Por tanto, los derechos de los pueblos, de existir, no pueden existir jamás por encima de los Derechos Humanos, que son el átomo de la idea de justicia, su reducción última, y ese parece ser el fundamento (y también la diferencia) de la cultura europea, que cuenta con una historia corroída y maltratada por las naciones –los pueblos- con sus excesos y sus derechos, frente al resto del mundo, incluidos los EEUU (pena de muerte, justificación de guerras continuas y realpolitik...etc). No legitimar al Estado Español no justifica la violación de los Derechos Humanos, pero el Estado Español debe ser fuente de los mismos aunque en su seno se transgredan. Cabe citar aquí el caso del GAL, grupo auspiciado por los gobiernos de UCD y PSOE que durante los primeros años de la democracia protagonizaron un conato de guerra sucia contra ETA, entrando de lleno en lo que sería el terrorismo de Estado. Ha sido desde el cumplimiento del Estado de Derecho (con los procesos y encarcelación posterior de los involucrados en tan bochornoso episodio) como el Estado Español ha podido endurecer su política contra ETA y Batasuna: asegurando que ninguna idea de pueblo español estará por encima de los Derechos Humanos de ningún etarra, aunque sí se les pueda privar de sus Derechos Civiles como consecuencia de sus actuaciones criminales. Porque en el País Vasco la erosión de los Derechos Humanos comienza por la negación de los Derechos Civiles de una parte de la población (esto es: coartar la libertad de expresión política, amenazar la participación pública en lo “político”...etc), para lo cual se priva selectivamente de Derechos Humanos a determinados sujetos que simbolizan esa falta de Derechos Civiles. Derechos Civiles de lo que unos consideran Pueblo Vasco priman sobre los Derechos Humanos del resto, y la negación de los Derechos Civiles de los primeros es interpretado como una violación de Derechos Humanos y justifica el terrorismo, que constituye la verdadera violación de Derechos Humanos. En esta trampa sin salida luchan por hacerse oír asociaciones como Gesto Por La Paz, y otras diversas asociaciones de víctimas del terrorismo. A pesar de todo, Gestoras Pro Amnistía y el PNV han hecho bien su trabajo y han vuelto a difundir la idea de un Estado Español opresor y faltón con los Derechos Humanos. Al menos así lo creyeron en ese estado americano donde existe la pena de muerte, Illinois.

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antonio asencio guillén