Divorcios, constituciones y bochornos
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Cataluña inicia la semana convirtiéndose en noticia en los tabloides internacionales tras declarar que se divorcia de España sin el consentimiento de Madrid.
Los miembros del ejecutivo catalán daban luz verde este lunes a la moción que iniciará el proceso de creación de la Constitución, Hacienda y Seguridad Social catalanas, las bases de la nueva Cataluña republicana.
Este es el tan esperado paso tras la victoria de la coalición independentista Junts pel Sí en las elecciones del 27 de septiembre y el ambiguo maremágnum posterior, que dejó al Parlament sin presidente y un futuro un tanto incierto.
Sin embargo, era tan sólo cuestión de tiempo que una Cataluña fervorosa e impaciente jugara su última carta contra la negativa de un Gobierno central inmaduro y cerrado a negociaciones.
El ejecutivo de Mariano Rajoy se ha caracterizado por su falta de política durante el crecimiento del independentismo catalán, negándose a negociar con el entonces presidente del Parlament, Artur Mas, y alegando que la única opción para los catalanes era iniciar un período de remodelación de la constitución.
Cambiar la Constitución española, sin embargo, requeriría una mayoría de votos en el Congreso que resulta inalcanzable para los 47 escaños catalanes. Tras poca cooperación por parte de Madrid y sin una base legal para conseguir más competencias, la única solución evidente es el divorcio.
El problema es que, aún siendo la única opción viable, sitúa a Cataluña en un limbo político. Con la declaración unilateral de independencia, Cataluña infringe la Constitución española, que constata que España es una entidad "indisoluble".
La única manera de hacer frente a una Constitución un tanto anticuada es con el apoyo internacional, en especial el de la Unión Europea. Sin embargo, Bruselas, aún recuperándose de rescates, oleadas de refugiados y con tensiones crecientes en Oriente, está poco interesada está en dar cobijo al nuevo estado catalán.
El Consejo Europeo considera que la fragmentación de España conllevaría una oleada de fracturas de otras micro-regiones como Escocia, Flandes, la Padania, Madeira, Baviera o Escania, dejando un mapa de micro-estados inestables que podrían traer de nuevo el conflicto político al viejo continente.
Esto deja a Cataluña aislada políticamente ante el recurso que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional, que ha suspendido la moción del Parlament, una decisión que fuerza a los políticos catalanes a seguir adelante infringiendo la ley española una vez más.
Ya sea si termina con el establecimiento del estado catalán o con un bochorno internacional difícilmente reversible para Cataluña, el conjunto del proceso independentista ha servido para poner de manifiesto las evidentes carencias de la política española, así como la necesidad de renovar un sistema legal y político que sigue basándose en principios anti-democráticos que limitan derechos tan básicos como el de autodeterminación.
Resultará interesante ver cómo termina una demanda de divorcio que no se presenta muy amigable.