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¡Calderilla!

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La gran negociación sobre los presupuestos está en marcha. ¿Sobre qué versa? Inventario de los recursos y gastos de la Unión.

El presupuesto comunitario ha pasado de 7 millones de euros en 1958 a más de 116.000 millones de euros en 2005. ¡Pero sigue siendo calderilla a la hora de sufragar las políticas comunitarias de 25 países, comparado con los más de 162.000 millones de euros del presupuesto anual de la administración central del Estado español en 2005! De modo que negociar el presupuesto comunitario se parece más a discutir sobre el sexo de los ángeles que a otra cosa.

Breviario del presupuesto europeo

Las piedras angulares de la política presupuestaria europea se colocaron a finales de los años ochenta: codificación de los mecanismos presupuestarios, definición de los recursos y establecimiento de líneas de gasto.

Según el Tratado de Roma de 1957, la Comisión hace una propuesta de presupuesto que ha de ser aceptada y votada por el Consejo europeo tras consulta al Parlamento. Acantonado en un principio en su papel de verificador fantoche, éste último ha sabido conquistar con el tiempo poderes presupuestarios cada vez más importantes. Ahora puede influir en la suma de los Gastos No Obligatorios, es decir de los gastos que no se inscriben específicamente en los tratados, sin dejar de ser muy importantes (Fondo social, Fondo regional, política energética o industrial, partidas para el funcionamiento de las instituciones…) y liberar el presupuesto. No en vano, en 1980 y 1985, los eurodiputados se negaron llanamente a concluir la vida del presupuesto y liberar a la Comisión de sus obligaciones de gestión.

Hasta 1970, los recursos de la Comunidad dependían de las contribuciones de los Estados miembro. Tras la decisión del Consejo de 21 de abril de 1970, Europa se dotó por fin de recursos propios, esos ingresos fiscales percibidos de forma directa y definitiva por la comunidad en el marco de las políticas comunitarias. Se trata de los ingresos propios tradicionales (aduana, tasas agrícolas, y cotización del azúcar), los ingresos por IVA, y los recursos de equilibrio basado en el PNB y limitado en la actualidad a 1,27% del PNB de los Estados miembro.

La multiplicación por dos del presupuesto que se opera entre 1979 y 1985 benefició en gran medida a la Política de Cohesión Económica y Social (PCES – redistribución de riquezas e inversiones en infraestructuras europeas). En 1989 cayó el muro de Berlín y se decidió asistir a los países de Europa central y oriental en su esfuerzo de reconstrucción y de normalización. Nace entonces PHARE.

Más y más fondos

Omitamos la política agrícola que engulle por sí sola el 45% del presupuesto: las dos políticas más importantes son sin duda la PCES (fondos estructurales y fondos de cohesión juntos) y las ampliaciones (instrumentos financieros de preadhesión). Funcionan al unísono: la PCES toma el relevo de la política de ampliaciones al día siguiente de las adhesiones.

La PCES es sobre todo una política regional: por ejemplo, para el periodo 2000-2006 se definieron tres objetivos de desarrollo: recuperación de terreno por parte de las regiones con retrasos de desarrollo, reconversión económica de las zonas geográficas con dificultades estructurales y adaptación y modernización de las políticas y de los sistemas de educación, formación y empleo. Cuatro fondos (FEDER, FSE, FEOGA e IFOP) apoyan la materialización regional de estos objetivos mediante la puesta en marcha de proyectos cofinanciados por los Estados miembro y por la Unión. De manera general, estos fondos están destinados a las regiones que poseen un PIB inferior al 90% del PIB medio de la UE. Es lo que explica que ciertas regiones desfavorecidas situadas en Estados “ricos” se beneficien de la PCES. La definición de la de las regiones beneficiarias choca con la integración de Estados miembro de nivel económico muy inferior…, y es aquí donde surge la angustia de los países contribuyentes más ricos: ¿pagarán sólo para el desarrollo de las regiones orientales o sus regiones podrán seguir beneficiándose de las políticas regionales?

Cambio de categoría

Los instrumentos políticos de preadhesión, por su lado, se han destinado a reducir las diferencias acentuadas de desarrollo antes de la adhesión reduciendo al máximo el coste. El programa PHARE lanzado en 1989 ha financiado la equiparación normativa y la formación institucional de los países de Europa central y oriental: el 30% de la partida PHARE (10.500 millones de euros) se ha consagrado directamente a la adopción del acervo comunitario (tratados y 80.000 páginas de directivas).

El 15 de julio de 1997, la Comisión europea, gracias al éxito de PHARE, publicó un Libro Blanco de prospecciones, la Agenda 2000, presentando la evolución del proyecto europeo bajo la perspectiva de la ampliación y proponiendo en bloque la refundición de la PAC y la PCES así como la creación de instrumentos de preadhesión. Los Estados miembro aprobaron estas recomendaciones y, durante la cumbre de Berlín en 1999, lanzaron los instrumentos financieros ISPA (con 7.000 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras y la protección del medioambiente) y SAPARD (con 3.500 millones de euros para ayudas a los agricultores y modernización de las explotaciones de conformidad con las exigencias de la PAC, política que tomó el relevo una vez adheridos los nuevos miembros).

Es evidente que al poco de la adhesión, los nuevos miembros no percibirán ya fondos de preadhesión, pero ahora se han convertido en contribuyentes al presupuesto europeo y en beneficiarios de sus políticas a la vez. El presupuesto para el periodo 2007-2013 habiendo sido establecido de acuerdo con los candidatos a la adhesión cuando se firmaron los acuerdos de Berlín en 1999, la dificultad vendrá para la negociación de los presupuestos para 2013-2019, con más partes negociadoras: la reforma de la PAC, la redefinición de las regiones beneficiarias de fondos estructurales y la financiación de las ampliaciones futuras.

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