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Abortar en Londres... ¿Otra vez?
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La nueva ley del aborto que pretende aprobar el ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón va más allá de la primera, aprobada en 1986, y no contempla la malformación como supuesto.
De aprobarse, sería una involución importante que situaría a España a la cola de Europa. ¿Volveremos a los tiempos en que era preciso ir a Londres?
Durante el franquismo y sobre todo a lo largo de la década que lo sucedió –cuando la mentalidad y los tiempos cambiaban mucho más deprisa que las leyes–, una mujer que ‘tenía un problema’ de esos que se pronunciaban con la boca pequeña y acompañando la frase con un gesto circular sobre el abdomen, era habitual que en algún momento de su desesperada situación recibiera cierta información entre esperanzadora e inquietante: “Ve a este sitio y di que vienes de mi parte. Ellos se encargan de todo”.
Claro está que tras ese misterioso ‘ellos’ podían esconderse varias opciones. Aquellas mujeres sin recursos cuya desesperación no les dejaba otro remedio podían recalar en una clínica clandestina y sólo con suerte contarlo. En el mejor de los casos, y siempre que la interesada se pudiera permitir el mes de salario que de media costaba dicho trámite, el lugar referido podía ser una agencia de viajes con este tipo de servicio. Un vuelo chárter de ida, tres días en Londres y vuelta a casa con una sensación quizás agridulce pero el 'problema' finalmente resuelto.
Así pusieron fin a su embarazo más de 90.000 españolas en 1985, tan sólo un año antes de aprobarse la ley del aborto. Muchas de ellas sin el consentimiento de los padres, por miedo a la incomprensión o peor aún a que éstos no respetaran su decisión. Esta situación podría volver a darse dentro de poco si finalmente sale adelante la ley del aborto que pretende aprobar el gobierno.
Y es que la normativa que abandera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es tan restrictiva que va incluso más allá de la ley de 1986 -en vigor hasta 2010-. Con esta nueva ley, España pasa de estar en sintonía con la mayoría de países de su entorno económico y sociocultural a ser uno de los países más restrictivos del mundo occidental en esta materia.
Desaparece con ella el aborto libre durante las 15 primeras semanas y la interrupción voluntaria del embarazo pasa de ser derecho a ser delito salvo en dos supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer y violación. Amén de consagrar la objeción de conciencia de los médicos y de reinstaurar el consentimiento paterno en caso de menores de edad, se elimina el supuesto de malformaciones graves en el feto contemplado anteriormente; en otras palabras, se obliga a las mujeres a dar a luz a criaturas cuyas condiciones físicas o psíquicas les impidan vivir más allá de unos meses o hacerlo con grandes dificultades.
Este es de hecho uno de los puntos más polémicos del nuevo texto, que ha suscitado grandes desacuerdos incluso entre las filas populares. El ministro Gallardón se escuda en el cumplimiento de los dictámenes de la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero hace trampa intencionadamente cuando equipara discapacitados con malformaciones o patologías graves difícilmente compatibles con una vida digna.
Aborto libre de consenso
Tanto es así que esta misma semana se ha hecho evidente el malestar de algunos dirigentes regionales del PP, los llamados ‘barones’, quienes esperan poder suavizar el texto en su fase de tramitación parlamentaria. Algunos incluso han expresado públicamente su disentimiento y hasta han pedido votación secreta o libertad de voto, algo poco habitual en un partido acostumbrado a seguir marcialmente el redil. Todo ello a pesar de la consigna dictada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, –cuyo estilo se caracteriza por esperar y ver- para evitar el debate público sobre una cuestión que sabe que cuenta con el rechazo mayoritario de la sociedad.
El silencio de Rajoy, que busca deliberadamente el segundo plano y se reserva el papel de árbitro en caso de conflicto, se puede interpretar como una cesión ante el ala más dura de su partido o lo que ya se conoce como el Tea Party español, integrado por el expresidente José María Aznar, la FAES y destacados dirigentes de la Conferencia Episcopal. En la Iglesia, como en el PP, tampoco hay consenso. Los postulados ultraortodoxos de estos últimos chocan frontalmente con determinadas posturas de organizaciones de la Iglesia de base, más abiertas y en contacto directo con la realidad, lo que teóricamente las situaría en la órbita del actual papa Francisco.
Pero el revuelo mediático desatado y la contestación interna no parecen hacer mella en el ministro estrella del momento, quien parece estar empeñado en rebajar su perfil moderado y cuasi próximo al PSOE con una ley a gusto del núcleo duro de su partido. Gallardón -hombre que siempre gustó de estar en el centro de todos los focos- no ha cejado por ahora en su cruzada antiabortista, sino todo lo contrario; afirma que su ley es “la más progresista del gobierno”.
España, otra vez a la cola de Europa
Nada más lejos de la realidad. Si cruzamos el Canal, como tantas mujeres se vieron obligadas a hacer tres décadas atrás, nos encontramos con la consagración de un derecho en jaque en España. El Reino Unido reconoce desde 1967 el derecho a la libre interrupción del embarazo durante las primeras 24 semanas para salvar la vida de la madre, proteger su salud física o mental, en caso de anomalías fetales o por motivos socioeconómicos. No se contemplan la violación o el incesto, pero en la práctica entran en el segundo caso.
Otro tanto ocurre en países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Portugal y hasta la catoliquísima Italia, por citar sólo algunos de ellos. De hecho, si la ley se aprueba sin cambios, España se colocará al mismo nivel que Polonia, tan sólo un paso por detrás de Irlanda, donde el aborto está prohibido salvo peligro de muerte de la madre o riesgo de suicidio y dos pasos por detrás de Andorra, donde por increíble que pueda parecer aún está prohibido en todos los casos.