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Violencia y drogas: se desvanece la esperanza democrática en Méjico

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Política

El pueblo pierde la confianza en las instituciones, la justicia brilla por su ausencia, Méjico sufre una crisis de Estado y, en medio de este caos, los narcotráficantes mantienen el pulso en una sociedad cada vez más violenta y con más mujeres asesinadas.

Ya han pasado siete años desde que en julio de 2000, Méjico soñase con poder asegurarse un futuro democrático, poniendo punto final a setenta y un años de régimen corrupto y autoritario del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Ahora bien, para la sociedad mejicana, el país se encuentra en punto muerto y la inseguridad reina hasta tal punto que sólo en Ciudad de Méjico, se presentan cada día 411 denuncias por agresión.

Corrupción a todos los niveles

A falta de justicia, el orden social se desvanece y en las ciudades los automovilistas no respetan el código de circulación, el bandidaje se extiende por todos los sectores, amparado por un sistema corrupto donde todo vale, los sindicatos de profesores venden las plazas docentes en los centros de enseñanza pública del país y, mientras tanto, los políticos se llenan los bolsillos. De hecho, todo el mundo trapichea lo que puede hasta tal punto que mantenerse dentro de la ley es algo casi impensable, lo que trae como consecuencia un uso cada vez más frecuente de la violencia como medio de resolución de conflictos. No olvidemos que Méjico es uno de los países con mayor índice de homicidios de todo el mundo, 15 asesinatos por cada cien mil habitantes, un porcentaje diez veces superior a la media europea.

Limpiando ventanas por 5 pesos en La Puebla de los Ángeles (Foto: beto (kuh)/ Flickr)

Elena Azoala, consejera del Fiscal General de la República y profesora de sociología, afirma que “las verdaderas causas de esta violencia están vinculadas a la situación de desigualdad social que se vive en el país, pero no sólo se respira un clima de violencia entre las capas más pobres de la sociedad, sino también ahí donde la distancia entre los que ganan poco y los inmensamente ricos es muy evidente”, y es que resulta paradójico que mientras el país cuenta con una docena de las fortunas más opulentas del planeta, un 60% de la población malvive con menos de tres dólares al día. Además, el índice de paro oculto es muy elevado y es que mucha gente tiene un sueldo que apenas les permite vivir con dignidad. Es en este sector de la población que vive en la indigencia donde se halla el caldo de cultivo de la delincuencia, sobre todo, entre los jóvenes incapaces de encontrar un empleo, que buscan una salida fácil en una economía informal basada en la criminalidad ligada con el tráfico de estupefacientes, los robos, la prostitución, la piratería y el contrabando.

La lucha contra los cárteles

Los enfrentamientos de los cárteles han causado un gran revuelo mediático por su espectacularidad de película: ajustes de cuentas en la calle y a plena luz, mutilaciones, fusilamientos sangrientos y tiroteos, grandes operaciones antidroga con incautaciones de toneladas de cocaína, ...y es que se trata de una violencia que en cierto modo fascina a un sector de la población que defiende la narcocultura, y sus ya famosos “narcocorridos”, un nuevo género musical que alaba la labor de los traficantes de drogas y banaliza la violencia.

Según Catherine Heaux, especialista en narcocorridos, esta banalización es un asunto muy serio. Para ella, “estas canciones, cuyas copias se venden como churros, ensalzan la violencia, el machismo, la corrupción, el dinero, el éxito individual alejado de cualquier tipo de condicionamiento moral, y nos dirigen hacia un universo social donde nada resulta raro o chocante por violento que sea. Eso es muy grave, porque hace que todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo para intentar democratizar el país no llegue a la gente. Ello supone, en cierto modo, una vuelta al fatalismo y es que para algunos, es mejor vivir cinco años como un marajá que cincuenta y cinco en la miseria”.

En cualquier caso, estamos asistiendo a una situación que puede compararse con la de Colombia en los años ochenta, por el grado de participación de los cárteles en las estructuras del Estado y por la violencia que generan. Para luchar contra ellos, desde 2000, los gobiernos de la llamada transición democrática han declarado la guerra al tráfico de drogas, dando como resultado la detención y posterior puesta a disposición judicial de veinticinco mil traficantes, de los cuales, más de cien resultaron ser importantes capos de la droga y operadores financieros.

Mujeres asesinadas

Más de 7.000 mujeres han muerto asesinadas en Méjico entre 1999 y 2006. Esa es, al menos, la cifra oficial de fallecidas que se refiere a muertes violentas y representa “sólo la punta del iceberg de un tipo de violencia que crece cada día y que en cierto modo, se tolera desde un Estado que nunca se ha esforzado demasiado por atajar esta lacra social”, opina Marcela Lagarde, de la Unión Internacional de Mujeres, añadiendo que “en la mayoría de los casos, la justicia no ha dado con los culpables, ni ha detenido a ningún sospechoso”.

Quizás el ejemplo más evidente de este tipo de violencia contra la mujer lo encontremos en Ciudad Juárez, una villa fronteriza del norte de Méjico donde se ubican las llamadas “maquiladoras”, o empresas que usan mano de obra femenina, que importan materiales sin pagar aranceles y cuyos productos no se comercializan en Méjico. Quinientas jóvenes, la mayoría de ellas solteras, fueron asesinadas, violadas y mutiladas sin que el gobierno de Vicente Fox primero, y ahora de Felipe Calderón, hicieran nada por evitarlo.

María López Urbina, la juez especial designada por Fox para llevar a cabo la investigación judicial de las muertes de Ciudad Juárez se encargó de revisar cada expediente, tomando declaración a los padres de las víctimas y seis meses más tarde trasladó sus conclusiones al presidente, poniendo de manifiesto la existencia de más de un centenar de anomalías en los correspondientes atestados policiales, los informes del Ministerio Fiscal e incluso en la actuación de algunos jueces instructores. Con su investigación, López Urbina destapó un sistema corrupto plagado de negligencias, omisiones y obstrucciones a la justicia de manera constante y reiterada y tras haber puesto en entredicho el propio funcionamiento de la administración de justicia en Méjico, la juez fue suspendida de sus funciones. “Es precisamente ahí donde se ve hasta dónde llega el poder de la violencia institucional”, se queja Marcela Lagarde.

Fotos en texto: La Puebla de los Ángeles (beto (kuh)/ Flickr); El narcocorrido es la música de los jóvenes que viven del tráfico de drogas en la frontera (bunchofpants/ Flickr); Foto en despiece: maquiladora en Tijuana (andy_wallis/ Flickr)

Translated from Drogues et violence : les espoirs démocratiques du Mexique s’effondrent