Un gran negocio con un control insuficiente
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Foto: zita/Flickr Como, en este caso, Feria de Mayo, cae la gran semana de celebración en Sevilla para los cerca de 250.000 desempleados de la capital y provincia. Salarios efímeros mileuristas por siete días de trabajo exhaustivos.
El Ayuntamiento de Sevilla afirma que el impacto económico total de esta fiesta es de 675,5 millones de euros, lo que equivale al 3,42% del PIB de la ciudad, sin embargo, no todo lo que reluce es oro: asalariados y asociaciones de consumidores se quejan de la falta de inspecciones de calidad y trabajo que sufre el Real.
Según las cifras facilitadas por la Consejería de Empleo, la Feria de Abril de 2011 ha generado 13.926 puestos de trabajo. La mayoría de esos empleos deriva de la hostelería, donde la referencia es de 2.773 empleados entre camareros y asimilados. Muy de cerca le sigue el personal de limpieza, con 2. 150 personas, lo que supone un refuerzo en la plantilla de Lipassam de 205 profesionales en la empresa municipal.
¿Quién vigila a los vigilantes?
El asombro llega en las cifras relativas a los vigilantes. Las cuentas no salen. El número de casetas actualmente está en 1.408, de las cuales, sólo 7 de ellas son públicas con entrada libre, sin embargo, el número de contratos registrados por Empleo relacionados con la Seguridad Privada (vigilantes y guardas jurado) es de 250. José Andrés Calvéndez, uno de los supervisores del orden de la caseta del distrito Nervión, explica que el hecho de tener contrato como vigilante es “un privilegio en Feria”. A él, por convenio, le toca rellenar cuadrante con horas de albero porque así se lo exige su empresa, Controlvic, por lo que explica que, su situación laboral está completamente en orden, “pero así estamos cuatro gatos”.
Este periódico ha consultado a 15 vigilantes de casetas privadas y todos coinciden al afirmar que “jamás” han presenciado un control policial ya que es competencia de la Policía Nacional velar por la regularidad de los contratos de este sector. El número 49 de la calle Sánchez Mejías es un ejemplo de dicha falta de control; su guarda jurado, sin ningún distintivo que lo identifique como tal, no cotiza, no tiene contrato y gana en B 1.000 euros por 84 horas de domingo a domingo. Para Dámaso Arenas, colega de profesión, “es una vergüenza que esto siga ocurriendo porque perdemos todos”, indica. Reconoce que se gana menos de 1.000 euros, pero prefiere la seguridad que le otorga su caseta (C/Joselito el Gallo 153-155) “a ser un ilegal”.
Carlos García Lara, director de Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento asegura con rotundidad que las inspecciones de trabajo son tarea de la Policía Nacional, pero que, en cualquier caso, “a todas las empresas que contrata esta delegación para mantenimiento, montaje, organización, etc, se les exige que tengan a todo sus recursos humanos dados de alta y cumplan con todos los requisitos que marca la ley en materia laboral”.
Enrique Ruiz, responsable de Seguridad Privada de CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) aclara que todos los años denuncian la “repentina” creación de empresas de Seguridad meses previos a la Feria de Abril, carentes de los
requisitos pertinentes para cumplir con la homologación que exige el Ministerio de Defensa, “es más”, añade, “varias veces hemos indagado y corroborado que estos mal llamados ‘vigilantes’ son delincuentes.
Suspenso en Salud y Consumo
Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, se muestra muy preocupado por la ausencia de inspecciones por parte del Ayuntamiento en materia de Salud Pública y Consumo. “En las casetas públicas tenemos serias dudas sobre la práctica de dichas inspecciones, pero en las privadas estamos seguros de que no se llevan a cabo”.
“Todos los años, Facua saca una patrulla a la calle para supervisar lo que no realizan las autoridades competentes y, sólo en la Feria de 2010, se detectaron más de 100 irregularidades en lista de precios, control de calidad en la manipulación de alimentos y condiciones de higiene”. El responsable de estos controles es el Ayuntamiento y, en última instancia, la Junta de Andalucía. De momento, ni uno ni otro se ha pronunciado al respecto.
Por otra parte, Facua alarma del estado ilegal de algunos puestos ambulantes a los que no se les reconoce como tal porque no cuentan con licencia municipal. “Hemos comprobado que, en el caso de que reciban algún control por parte de Salud y Consumo, quedan impunes, sin sanción ninguna”, sostiene Rubén Sánchez.
Parece que esta semana, una vez más, el gigante se construye con pies de barro. A las 12 de la noche del próximo domingo 8 de mayo, se volverán a prolongar las colas en el INEM sin haber nutrido, todo lo que se hubiese podido, las bases de cotización de una población apagada y acomodada.