Nueva directiva migratoria de la UE: “política de la vergüenza”
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iara mantinan
Mayores restricciones, desprotección de los menores, exigencia de aprender la cultura del lugar… La nueva política migratoria de la UE ha sido tachada de xenófoba por algunos de los países afectados. El triunfo de la inmigración escogida.
En las próximas semanas se oficializará un acuerdo entre los líderes europeos alrededor de la propuesta de Sarkozy para una Política Común de Inmigración. No más regularizaciones masivas y posibilidad de exigir aprendizaje del idioma y cultura locales a los recién llegados. La visión de Sarkozy y Berlusconi se impone sobre la de Zapatero: ¿tendrá un rumano en España que saberse de memoria la receta de la paella? Triunfa el concepto de ‘inmigración escogida’.
Inmigración, un ‘problema’ común
La inmigración ya no es un tema que concierne a cada Estado por separado. En 2007, por ejemplo, Portugal recibió 100.000 inmigrantes ucranianos ilegales, regularizados por el gobierno luso como recurso para suavizar la crisis económica que atravesaba el país. Estos inmigrantes, ya legalizados, se movilizaron hasta España, donde volvieron a tener un estatus irregular. Este tipo de desequilibrios caóticos en el sistema de la Unión se deberían evitar con la construcción de una política migratoria común que ponga orden en el fenómeno de la inmigración. Tal fue la tesis que el abogado portugués António Vitorino, ex comisario europeo de Justicia e Interior, defendió hace unos días en San Sebastián, en el marco de unos cursos de verano sobre el papel de Europa en el mundo, la necesidad de la polémica directiva de la UE sobre retorno de inmigrantes irregulares, por "dos razones fundamentales". Por un lado, está de acuerdo con el objetivo de crear "una plataforma común sobre las políticas de devolución de inmigrantes ilegales". Por otro, comparte que, dentro de la política de emigración, "la devolución es uno de los puntos más débiles de implementación práctica por parte de los Estados miembro".
Directiva de la vergüenza
En contra de opiniones como la del ex comisario, hay un gran sector que critica la nueva directiva europea aprobada en el Europarlamento en junio pasado. En España, desde el gobierno del País Vasco, se señala que la directiva “permite unas medidas de aislamiento sin control judicial y sin garantizar los derechos de cualquier persona privada de libertad a la asistencia letrada, consular y médica”. Sin embargo, el secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, subrayó en este aspecto que la política española "no va a cambiar" porque su Gobierno defiende la inmigración como un "fenómeno positivo y enriquecedor de nuestra sociedad", y por ello debe ser "legal".
Tras su referendo definitivo en julio de 2008 y con un plazo de hasta dos años para que cada país miembro lo adapte a su respectiva legislación, esta directiva permitirá la detención de aquellos inmigrantes que carezcan de papeles con una orden administrativa. Así queda recogido en el artículo 14, párrafo 2, que postula que “las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales, pero en caso de urgencia podrán ser tomadas por las administrativas”.
Uno de los puntos más problemáticos en esta directiva es el tratamiento de ciertos colectivos de inmigrantes más desfavorecidos tales como menores, enfermos o personas cuya vida peligra en caso de retorno a sus países. Menores de 18 años no acompañados podrán ser repatriados, incluso a países donde no tengan ni tutor ni familia, por lo que pone en entredicho el “interés superior del menor” recogida en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989.
América reacciona duro y Europa busca compensaciones
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que bautizó la directiva como “política de la vergüenza”, declaró que “viola el derecho de la libre circulación y equipara a los afectados con criminales”. “¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir exiliados de su país?”
Para tranquilizar estas tensiones, el gobierno español ha sacado una propuesta de ley en la que permite a los inmigrantes legales que lleven cinco años residiendo en España votar en las elecciones municipales. Otros países de la UE prevén medidas para compensar la situación. En el Reino Unido, el juez de mayor rango en Inglaterra y Gales, Lord Philips, defendió que algunos de los principios de la ley islámica o sharia pueden jugar un papel en el sistema legal del país británico. El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, primado de la Iglesia Anglicana, secundó esta iniciativa al afirmar que "parece inevitable" la introducción en este país de algunos aspectos de la ley sharia (o coránica) para favorecer la cohesión social.