Cemento chispeante en Grecia
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Los incendios griegos podrían allanar el camino de la especulación La hipótesis de que los acaecidos recientemente en Grecia hayan sido provocados cada vez cobra mayor fuerza. La ausencia de una cartografía actualizada que refleje los límites entre propiedades, hace que el gobierno heleno tenga serias dificultades para conocer con exactitud qué es público y qué privado.
Tara administrativa que podría allanar el camino para la especulación del suelo. Hoy, el gobierno griego ha anunciado que habrá elecciones anticipadas el próximo 4 de octubre, entre otras razones, por la falta de diligencia demostrada ante una situación de emergencia.
Panagiotis Kabolis, notario de la capital griega, explica que la ley de bosques es tajante y clara “no está permitido construir para uso privado en zona forestal, sólo instalaciones de uso público como puede ser la restauración o espacios deportivos”, el problema, añade, es que, “el Estado desconoce su territorio con exactitud”. No es casualidad pues, que las zonas más afectadas por el fuego hayan sido las colindantes a Atenas. Los montes de Imitos, Pendelis y Parniza, todos ellos altamente protegidos por ser calificados como “bosque”, especialmente Parniza, al norte, por ser parque nacional.
El pasado 28 de agosto, el diario Kacimerini llenaba sus páginas con peticiones por una mayor protección para sus parques nacionales, ruego que ya en 2007, tras unos episodios parecidos a la catástrofe actual, el Ministro de Medio Ambiente, Suflias, realizaba reconociendo que el decreto de protección de Imitos de 1978 tenía muchos “márgenes” por donde se podría cometer delito. Los hechos le daban la razón, el 6 de agosto de 2003, este mismo periódico denunciaba el incendio de la localidad de Grifalda en Imitos, donde, tras la devastación de hectáreas de bosque, una propiedad de 11 millones de metros cuadrados amplió sus lindes hasta la cifra de 36 millones, alcanzando una recalificación de 64 millones de euros.
La periferia ateniense es “muy apetecible” para promotores y constructores, sostiene un vecino cuya identidad prefiere mantener en el anonimato. Licencias otorgadas hace años para uso “teóricamente” público, hoy, a pie de la montaña, son lugares privilegiados con las mejores vistas de la capital. Ninguna fuente consultada por El Mundo se ha atrevido a cifrar el precio del metro cuadrado en estas latitudes, pero todas coinciden en que sería altísimo.
Reforma legislativa y logística
Para Miguel Ángel Soto, responsable de bosques de Greenpeace España, la hipótesis de los incendios provocados no justifica las dimensiones de la catástrofe: 21.271 hectáreas calcinadas. Según la ONG ecologista, la declaración como “parque nacional” de los terrenos afectados va más allá de una “mera protección del suelo”. “Se trata de abastecer de medios materiales y humanos para combatir no sólo la especulación urbanística, sino también, el abandono del medio rural, o el cambio climático”. Aún así, el componente de Greenpeace opina que quizás una reforma del código penal griego podría colaborar en la mejora de esta situación. “Tal vez Grecia se encuentre como España en los años ochenta, donde hasta 1995 no se prohibió claramente la recalificación de suelo quemado hasta pasado un mínimo de 30 años”. Realidad que se agrava si se tiene en cuenta la vigencia del título de usucapión que permanece en el derecho del país del Peloponeso.
La costa sí se mima
Sin embargo, al visitar las costas del Egeo, sorprende su Estado de conservación. ¿Cómo es posible que estos archipiélagos tan deseados por los turistas no hayan seguido los pasos de sus congéneres turísticos de otros países, cuyo litoral ha sido invadido por el cemento? La respuesta es la rectitud que muestra el Estado heleno en el campo del negocio inmobiliario.
Si no fuese por “lo implacable” que se presenta el Estado ante la venta de terreno, los ayuntamientos isleños harían más de un agosto a base de “favores” bajo cuerda, sostiene E. Milioti, notario de la isla de Sifnos. En este enclave natural, olvidado por el mundo desde los comerciantes venecianos medievales, hasta el descubrimiento de la Jet Set de los 60`, se lucha implacablemente por la conservación de su estandarte de serenidad. Excepto escasas excepciones, la ley de costas se cumple, la cual dicta que sólo se puede construir a partir de los cinco metros contiguos a la marca de mayor oleaje de la playa en cuestión.
Además, un particular sólo puede acceder a la compra de una parcela si ésta comprende un mínimo de 4.000 metros cuadrados de extensión en la periferia de los núcleos urbanos de las islas Cícladas; terreno cuya licencia de obra permite la construcción de 200 metros cuadrados para uso privado. Este límite puede superarse como explotación hotelera a razón de 3.000 euros el metro cuadrado. Según Milioti, algunos españoles, en su mayoría cántabros, ya se han dado cuenta del beneficio de esta inversión.
Aquí, en nuestro país, la franja de 100 metros que separa la ribera del mar con la primera línea de playa en la que, al menos en teoría, es imposible cementar, deja bastante que desear. En un publicado en colaboración con Greenpeace, se denuncian 478 casos de corrupción urbanística durante 2009. La Comunidad Valenciana ocupa el primer puesto en número de casos detectados, con 169, seguida de las Islas Baleares, 79, y Andalucía, 114. En toda la nación española, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos desde alcaldes hasta arquitectos municipales.
